Junto al resto de acusados

Un jurado popular absuelve al exgerente de la Complutense de desviar 2 millones

"Es una pena que una animadversión política llegue a estos extremos", afirma el abogado del exgerente de la UCM 

Un jurado popular ha absuelto por unanimidad al exgerente de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Dionisio Ramos y al resto de los acusados de desviar 2,4 millones de euros de fondos públicos de la institución académica a una supuesta 'Caja B' al considerar no acreditados los delitos que se les imputaban por malversación de caudales públicos.

 

El veredicto se ha hecho público esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid con la lectura de los hechos no considerados acreditados. Entre los acusados ahora absueltos, figuran cargos de la Universidad --la hermana de Ramos--, administradores de colegios mayores y tres antiguos alumnos.

 

A la salida de la audiencia, los absueltos han mostrado su satisfacción por el veredicto, que acaba dieciséis años después con "un asunto maldito" que no debía de haber llegado a juicio. En su última palabra, ninguno pudo evitar las lágrimas ante "la injusticia" a la que estaban siendo sometidos.

 

Luis Rodríguez Ramos, abogado de Dionisio, ha recalcado que el tribunal de jurado ha exonerado a los acusados por unanimidad sin "la menor duda", subrayando que es "una pena que una animadversión política llegue a estos extremos".

 

"Nunca tuvo sentido la instrucción ni después. En un sistema moderno, con una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) en donde instruye el fiscal y hay un periodo intermedio, no hubiera llegado a juicio como pasa en países que tienen instituciones para garantizar el derecho de defensa", ha reseñado.

 

PENAS DE HASTA 4 AÑOS DE CÁRCEL

 

La Fiscalía de Madrid solicitaba penas de hasta cuatro años de cárcel con la concurrencia de la atenuante de dilaciones muy cualificadas por el retraso en la tramitación del procedimiento judicial.

 

La fiscal acusaba a la supuesta trama de desviar fondos que provenían de la gestión de varios colegios mayores adscritos a la universidad, una cantidad que la Fiscalía situaba en cuatro millones de euros.

 

El exgerente llegó a la Complutense en 1996 tras estar un año en la Consejería de Educación, donde fue secretario general técnico. En 2003, Carlos Berzosa se hizo con el Rectorado y lo destituyó. Dos años más tarde, el rector llevó a la Fiscalía presuntas irregularidades al detectar un supuesto sistema de bonificaciones y sobresueldos con fondos de la universidad en colegios mayores adscritos a la UCM.

 

La fiscal mantenía que Dionisio Ramos era el encargado de controlar y gestionar todos los fondos que ingresaba la universidad, lo que le habría permitido que "se fueran recibiendo fondos en una cuenta corriente cuya finalidad era un manejo injustificado y el uso de fondos para fines ajenos a los propios del centro".

 

En su lectura, el presidente del tribunal de jurado ha declarado que los hechos imputados a cada uno de los acusados no han quedado acreditados, por lo que se absuelve a los mismos. La sala dictará en los próximos días una sentencia absolutoria.

 

En sus informes finales, los abogados defensores solicitaron que se condenara en costas a la Universidad Complutense de Madrid y que se aplicara la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas en el caso de que fueran absueltos de cara a que sus clientes puedan reclamar indemnizaciones por "el mal funcionamiento de la Justicia".

 

Durante los interrogatorios, los acusados manifestaron que los hechos juzgados formaban parte del engranaje de la maquinaria de gestión de la universidad en aquella época "analógica" y "pedestre", una etapa en la que reinaba "un descontrol" y "un desastre" generalizado en áreas sensibles de control contable y de tesorería.

 

La fiscal solicitaba inicialmente 7 años de prisión para Dionisio Ramos por presuntamente malversar casi millón y medio de euros entre los años 1995-2001, bajo el mandato del entonces rector Rafael Pujol. El resto de acusados afrontaban en un principio penas de entre cuatro y siete años de cárcel.