Los socialistas plantean un plazo de 48 horas frente a la petición de PP, Vox y Cs

El Congreso rechaza exigir que los desalojos de 'okupas' se hagan en 24 horas

El Pleno del Congreso ha rechazado una moción del PP, pactada con Vox y Ciudadanos, para instar al Gobierno a legislar para que haya que desalojar a los 'okupas' en un plazo máximo de un día frente a las 48 horas que defienden los socialistas.

 

El texto sólo ha recibido el apoyo de los grupos proponentes, y ha sido rechazado este jueves por la mayoría absoluta de la Cámara. Por su parte, PNV, PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria han optado por la abstención.

 

La iniciativa rechazada era una moción consecuencia de la interpelación que el primer partido de la oposición dirigió a principios de octubre a la ministra de Justicia, Pilar Llop.

 

Los 'populares' la registraron después de que el PSOE planteara en una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un plazo máximo de 48 horas para los desalojos, una iniciativa que desató un nuevo enfrentamiento entre los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición.

 

El PP compendiaba en la moción sus recetas para luchar contra la 'okupación' y citaba en primer lugar que el desalojo se tenga que realizar cómo máximo en 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan el título jurídico que legitime su permanencia en el mismo.

 

También demandaba que el desalojo fuera inmediato en caso de flagrante delito, excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado, reforzar las penas por usurpación hasta con tres años de cárcel y mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias.

 

'OKUPAS' FUERA DEL PADRÓN

 

Asimismo, los 'populares' pedían considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal y prohibir que un inmueble ocupado pueda tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ocupantes no gocen de la misma protección que quien compra o alquila una vivienda.

 

Otra de las propuestas del PP era legitimar a las comunidades de propietarios a realizar acciones preventivas contra la ocupación y a poder acudir a las autoridades cuando en ausencia del propietario los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.