Dejar pudrirse las instituciones
Ayer, en el desfile militar de la festividad del 12 de Octubre y en la recepción posterior, no estuvo el magistrado Carlos Lesmes. Había dimitido como presidente del CGPJ y su nombre fue el más mencionado en los corrillos políticos. La reunión urgente, de más de tres horas, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que llevaban seis meses sin verse, la provocó Lesmes con su "hasta aquí hemos llegado", demostrando hasta qué punto la vacuidad de la clase política actual está dejando que se pudran las instituciones del Estado.
Deberían haber dimitido todos los magistrados del órgano de gobierno de los jueces para que la campanada fuera aún más estentórea pero, aún así, parece que el acuerdo está mucho más cerca.
Desde Moncloa callan cuando se les pregunta si la renovación va a ir pareja a la modificación de la ley que quiere el PP. Hasta Bolaños, siempre tan altisonante, retoma las negociaciones guardando silencio. Quienes si parece que van a alzar la voz son los de Unidas Podemos, que no quieren perder su última oportunidad de tener "afines" en el cónclave que decide las vacantes en todos los tribunales del país.
Se da la paradoja de que tanto Bolaños, por el PSOE, como Esteban González Pons, por el PP, van a tener que negociar sobre una lista de 51 aspirantes, de los cuales, cuatro años después, ni están ni se les espera. Algunos se han jubilado, alguno ha fallecido, alguno ha encontrado plaza en un tribunal al que aspiraba y otros han llegado al Constitucional y no son elegibles. Es una de las consecuencias de dejar que se pudra lo que no constituye su mero interés electoral.
La política a golpe de tuit, de ofertas sin consistencia y sin respaldo económico y, enfrente, las propuestas de derogar todo lo que ha hecho el contrincante, es el retrato de la actualidad. Así ocurre que este país ha visto pasar ocho leyes de Educación distintas en cuarenta años de democracia. La obsesión por imponer, nada más llegar al poder, su LODE, LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE... no tiene parangón con la lentitud con que esos mismos partidos han afrontado las renovaciones del CGPJ, prorrogando sus mandatos al límite.
Lo que lleva a pensar que, por encima de la función principal de facilitar el buen funcionamiento de uno de los poderes del Estado de Derecho, a PSOE Y PP, lo que de verdad les importa es colocar a los "suyos" para que les puedan ayudar en cualquier traspiés judicial.
No es la primera vez que llevan al límite al órgano de gobierno de los jueces, ni la primera vez que obligan a dimitir a su presidente. Lesmes deja atrás un escenario absolutamente polarizado y donde, probablemente, los nacionalistas también quieran colocar a los suyos, dado que en el juicio del 'procés' se sintieron "huérfanos en Madrid", pese al impecable comportamiento de Manuel Marchena en la vista oral.
Todo empieza de nuevo, como hace cuatro años, pero el deterioro de la Justicia queda en el haber del PSOE y del PP. Sobre todo, de estos últimos dirigentes, especialistas en bloquear antes de perder cuota.
Deberían haber dimitido todos los magistrados del órgano de gobierno de los jueces para que la campanada fuera aún más estentórea pero, aún así, parece que el acuerdo está mucho más cerca.
Desde Moncloa callan cuando se les pregunta si la renovación va a ir pareja a la modificación de la ley que quiere el PP. Hasta Bolaños, siempre tan altisonante, retoma las negociaciones guardando silencio. Quienes si parece que van a alzar la voz son los de Unidas Podemos, que no quieren perder su última oportunidad de tener "afines" en el cónclave que decide las vacantes en todos los tribunales del país.
Se da la paradoja de que tanto Bolaños, por el PSOE, como Esteban González Pons, por el PP, van a tener que negociar sobre una lista de 51 aspirantes, de los cuales, cuatro años después, ni están ni se les espera. Algunos se han jubilado, alguno ha fallecido, alguno ha encontrado plaza en un tribunal al que aspiraba y otros han llegado al Constitucional y no son elegibles. Es una de las consecuencias de dejar que se pudra lo que no constituye su mero interés electoral.
La política a golpe de tuit, de ofertas sin consistencia y sin respaldo económico y, enfrente, las propuestas de derogar todo lo que ha hecho el contrincante, es el retrato de la actualidad. Así ocurre que este país ha visto pasar ocho leyes de Educación distintas en cuarenta años de democracia. La obsesión por imponer, nada más llegar al poder, su LODE, LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE... no tiene parangón con la lentitud con que esos mismos partidos han afrontado las renovaciones del CGPJ, prorrogando sus mandatos al límite.
Lo que lleva a pensar que, por encima de la función principal de facilitar el buen funcionamiento de uno de los poderes del Estado de Derecho, a PSOE Y PP, lo que de verdad les importa es colocar a los "suyos" para que les puedan ayudar en cualquier traspiés judicial.
No es la primera vez que llevan al límite al órgano de gobierno de los jueces, ni la primera vez que obligan a dimitir a su presidente. Lesmes deja atrás un escenario absolutamente polarizado y donde, probablemente, los nacionalistas también quieran colocar a los suyos, dado que en el juicio del 'procés' se sintieron "huérfanos en Madrid", pese al impecable comportamiento de Manuel Marchena en la vista oral.
Todo empieza de nuevo, como hace cuatro años, pero el deterioro de la Justicia queda en el haber del PSOE y del PP. Sobre todo, de estos últimos dirigentes, especialistas en bloquear antes de perder cuota.
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