La Policía registra la casa del portador del arma, el brasileño Fernando Andrés Sabag Montiel

Miles de manifestantes se movilizan en repulsa por el ataque a Kirchner

La pistola ha fallado en el intento del magnicidio y contenía cinco balas  

La Policía argentina ha registrado el domicilio del asaltante de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de La Paternal, del que han salido con "información escrita y grabada", según testigos.

 

El atacante ha sido identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años y de origen brasileño. En la puerta del domicilio habían colgado un cartel que rezaba 'Esta no es la casa de Fernando' con el fin de evitar agresiones, según han dicho varias fuentes al diario 'Página 12'.

 

Montiel cuenta con antecedentes penales por posesión de arma no convencional, después de que en marzo de 2021 fuera interceptado por la Policía a bordo de un coche sin seguro, un incidente por el que tuvo que intervenir la Fiscalía, aunque el caso finalmente fue archivado. Durante aquel registro, los agentes encontraron un cuchillo de 35 de centímetros.

 

Un repaso a sus redes sociales, las cuales han sido ya cerradas, muestra que era seguidor de grupos de odio, así como de páginas en defensa de "órdenes masónicas" o religiones paganas, según se han hecho eco los medios argentinos. A su vez, se ha publicado una foto de él en la que se le puede ver tatuado en uno de sus codos el sol negro, un símbolo ligado al ocultismo nazi.

 

La prensa argentina también ha recordado un par de recientes intervenciones del atacante en la televisión del país, en las que a pie de calle ataca a la clase política y vincula la delincuencia y las ayudas sociales con la población migrante.

 

"La gente que viene de afuera a ocupar una villa y vivir gratis y a vivir de planes sin trabajar y venden droga habría que extraditarlos", argumentó en uno de estos comentarios a la televisión argentina.

 

El ataque contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner se produjo este jueves sobre las 21.00 horas, hora local, cuando regresaba a su domicilio en el barrio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, tras una sesión en el Senado.

 

En medio de un grupo de gente que había acudido a mostrarle su apoyo por la reciente acusación de la Fiscalía, Montiel sobresalió entre la multitud y accionó una pistola calibre 40 --que luego se supo estaba cargada con cinco balas--, que no disparó. Rápidamente fue neutralizado y detenido por la Policía.

 

MANIFESTACIONES

 

El intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha conmocionado al país latinoamericano, donde miles de personas se han lanzado este viernes a la calle en Buenos Aires y otras ciudades para expresar su condena al ataque.

 

Ante esto, organizaciones sociales, sindicales y políticas afines al oficialismo y ciudadanos han decidido marchar por diversos sectores de la capital y concentrarse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. Allí, los organizadores han instalado un escenario desde el que muchos de los asistentes esperan poder ver a la vicepresidenta.

 

La movilización, convocada por el oficialista Frente de Todos bajo el lema de "Con la bandera, a defender la Democracia", ha recibido el respaldo de distintas organizaciones de la sociedad civil y también del propio Gobierno, con la asistencia de los ministros.

 

De hecho, tras una reunión del gabinete en la Casa Rosada, la propia Presidencia ha decretado este viernes como día no laborable y ha instado en un comunicado a la ciudadanía a movilizarse "en defensa de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta", ante el "estado de conmoción social" que habría generado el ataque.

 

TENSIÓN ENTRE EL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN

 

El ataque se ha producido en un escenario de fuerte tensión política entre el oficialismo y la oposición, que ha ido en aumento después de que el pasado 22 de agosto un fiscal solicitara una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta en el marco del juicio oral al que es sometida por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno (2007-2015).