Durante una rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión con la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, Bolaños ha dicho que también debe hacerse "la constitución de manera inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales" del Congreso, en la que comparezca la directora del CNI, para exponer información, documentación y las conclusiones de ese control interno.
También ha constatado "plena disposición del CNI para facilitar y colaborar en las actuaciones que iniciará el Defensor del Pueblo" sobre el caso, y además Bolaños no ha descartado desclasificar información si es necesario.
El ministro ha puesto en valor que "todas las fuerzas políticas, sin excepción", estarán representadas en la Comisión, y que eso les dará acceso a información secreta y reservada, con el objetivo de aclarar lo ocurrido.
Ha calificado la reunión en la Generalitat de cordial, sincera y correcta, y ha trasladado al Govern la "voluntad inequívoca" del Ejecutivo de trabajar para esclarecer los hechos.
Ha asegurado que el Ejecutivo está comprometido con el Estado de Derecho, con los derechos fundamentales, las libertades individuales y con demostrar que la democracia española defiende los de todos los ciudadanos, "piensen como piensen".
"CONCIENCIA TRANQUILA Y NADA QUE OCULTAR"
Por otra parte, ha defendido que el Ejecutivo tiene "la conciencia tranquila y nada que ocultar" en relación a los hechos, y no ha respondido si hay posibilidad de dimisiones por este caso de espionaje.
Bolaños ha remarcado que "el Gobierno de España comprende la preocupación e inquietud de las personas que se han visto afectadas por estas informaciones y también de aquellas personas en la sociedad catalana y española que han sentido preocupación" por los afectados.
Así, ha asegurado que las instituciones españolas actúan siempre dentro de la ley, respetando los derechos fundamentales y sometidas a control judicial, aunque ha lamentado que estas informaciones "han podido sembrar alguna sospecha".
Y en este sentido, ha destacado que los servicios de inteligencia "actúan cada día para salvar vidas y proteger a los ciudadanos, en silencio".
Según Bolaños, el Gobierno ha iniciado los contactos para urgir a crear la Comisión y, aunque ha reiterado que la voluntad es que se esclarezca el caso cuanto antes, ha asegurado que a la investigación "hay que dejarle su tiempo".
AFIRMA QUE HABRÁ MESA DE DIÁLOGO
Ha añadido textualmente que la mesa de diálogo se convocará cuando haya acuerdos y que la voluntad del el Gobierno es apostar por el diálogo para construir una Catalunya mejor que no se "estanque en enfrentamientos estériles".
"Estamos recuperando los afectos, y lo estamos haciendo poco a poco a través del diálogo, el entendimiento y la mano tendida", buscando acuerdos con Cataluña, ha dicho.
Así, pretende "recuperar la confianza" del Govern a través del diálogo y la transparencia, y ha pedido evitar lo que ha calificado de viejos enfrentamientos, porque ha asegurado que Cataluña necesita un horizonte social y político ilusionante.
UNA CATALUÑA DISTINTA DE 2017
Para él, la Cataluña actual es "muy diferente a la de 2017 gracias al esfuerzo del Gobierno" y, concretamente, de su presidente, Pedro Sánchez, dado a que cada vez hay más cooperación y menos enfrentamiento.
"No queremos volver nunca a la Cataluña del enfrentamiento, de estar de espaldas los unos a los otros, a la Cataluña que no se miraba. Queremos mirar al futuro con esta nueva Cataluña que se coge de la mano, que acuerda, que mira al futuro con el futuro", ha concluido.
Preguntado por si peligra el plan anticrisis del Gobierno contra la crisis por la guerra en Ucrania y que se votará el jueves, ha hecho "un llamamiento" al apoyo de todos los grupos, no solo de ERC.
"Como el propio presidente Aragonès ha mencionado en alguna entrevista, creo que hay que diferenciar los planos", y ha asegurado que es un decreto necesario para trabajar en la inflación y mejorar la calidad de vida de las personas, bajando precios del combustible, entre otras medidas.
ARAGONÉS INSISTE EN SUS SOSPECHAS SOBRE EL CNI
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que "un Estado democrático no espía a sus ciudadanos" ni escucha conversaciones privadas de los oponentes políticos, en referencia al presunto espionaje a líderes independentistas.
En una entrevista al diario israelí 'Haaretz', Aragonès ha explicado que se necesita "un mínimo de confianza entre ambas partes para avanzar en las negociaciones", algo que se dificulta si hay espionaje por parte del Estado, ha remarcado.
Ha reafirmado sus sospechas sobre los servicios de inteligencia españoles, puesto que no contempla que otro gobierno pueda estar "interesado" en sus actividades.
Aragonès también ha explicado que no sabe si fue vigilancia ilegal o autorizada por la justicia, en cuyo caso se habría usado un software "desarrollado para el contraterrorismo para vigilar la actividad política legal".
Ha lamentado que tiene "muchas dificultades" para desarrollar las responsabilidades políticas, al no estar seguro de que los teléfonos de los afectados sean seguros a la hora de comunicarse.
Aragonès ha insistido en que Cataluña "no quiere Pegasus", sino que el software se use solamente con delincuentes y terroristas, y ha puesto en valor que en otros países también ha habido presuntos casos de espionaje.
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