Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa para presentar los datos de ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas correspondientes al año 2021.
Así está recogido en la orden publicada el pasado 24 de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que determinaba la distribución por comunidades autónomas de estos más de 3.000 millones de euros que el Gobierno dispuso en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 para dar cumplimiento a dos sentencias del Tribunal Supremo que obligaban al Estado a compensar a dos regiones por esta liquidación del IVA del año 2017.
En este contexto, tras Andalucía, Cataluña y Madrid, se sitúan la Comunidad Valenciana (267,3 millones de euros); Galicia (224,6 millones de euros); Castilla y León (194,8 millones de euros); Canarias (146,5 millones de euros); Castilla-La Mancha (145 millones de euros); Aragón (101,7 millones de euros); Extremadura (98,8 millones de euros); Murcia (85,2 millones de euros); Asturias (80,2 millones de euros); Baleares (69,2 millones); Cantabria (62,6 millones); La Rioja (32,3 millones); Ceuta (2,4 millones) y Melilla (1,9 millones).
Todo este dinero es consecuencia de la diferencia entre el resultado de la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica de 2017 de cada comunidad, practicada el 30 de julio de 2019, y la que habría resultado de computar en dicha liquidación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017.
A esto, hay que sumar el pago de un importe equivalente a los intereses legales devengados por la cuantía de la compensación, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022.
Con todo, la cuantía total se transferirá por parte del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas este 31 de marzo y las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado.
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