No detecta "corrupción, malas prácticas, ni conflicto de intereses"

La Oficina contra el Fraude archiva el expediente contra el presunto espionaje

Ayuso insiste en que "no hay nada" irregular por mucho que lo lleven "al Vaticano o a la OTAN"

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha archivado de forma provisional el expediente abierto contra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Consistorio al no observar "fraude, corrupción, malas prácticas ni conflicto de intereses" sobre un presunto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

 

 

Si bien, el órgano que dirige Carlos Granados solicita en este dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, a la Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo que remita las conclusiones de la Auditoría puesta en marcha por el Órgano de Ética y Cumplimiento de la Empresa así como las conclusiones de la Auditoría externa sobre la contratación de la empresa.

 

En el mismo sentido, el Comité de Ética ha determinado que "no se ha podido demostrar" ninguna acción "irregular" o "sospechosa" por parte de sus trabajadores.

 

La Oficina concluye asimismo que no se ha detectado ninguna gestión ni pago al Grupo de Detectives Mira y que la contratación llevada a cabo por la EMVS desde julio de 2019 se ha tramitado "conforme a la legalidad vigente, sin que se haya producido ningún beneficio espurio de personas físicas o jurídicas; y que toda la actividad desarrollada por la EMVS ha sido, y es, en defensa de los intereses generales y en cumplimiento de

sus objetivos y fines estatutariamente determinados".

 

Fueron los ediles socialistas Pedro Barrero y Ramón Silva quienes registraron el pasado 17 de febrero una petición para que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción investigara el presunto espionaje y uso de fondos de la empresa municipal para tal fin.

 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha apoyado en ambos informes para reiterar que no se produjo el presunto espionaje a Díaz Ayuso con fondos públicos y que "como la oposición sabe que no hubo encargo ni se destinó un euro de dinero público en pagar esa investigación, quieren hacer un circo, y eso es faltar el respeto a los madrileños".

 

El consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, comparecerá este lunes a las 16 horas y será el punto de partida de la comisión. Será una intervención presencial que también podrá seguirse vía streaming. Tras él podrán comparecer, según el orden del día, todos los citados que, sin haber confirmado su intención de asistir, posteriormente decidan hacerlo. Sin embargo, los grupos políticos no cuentan con ello.

 

La primera que adelantó que no participaría en la comisión fue la propia Díaz Ayuso. El alcalde ya defendió la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid argumentando que "no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser afectada".

 

Ese posicionamiento ha supuesto evidentes desencuentros con todos los demás grupos políticos, incluido Cs, el otro 50% del Ejecutivo en la capital y partido que preside la comisión de investigación que arranca este lunes y se extenderá hasta el 9 de mayo.

 

AYUSO INSISTE EN QUE "NO HAY NADA"

 

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que "no hay nada" irregular con el contrato público vinculado a su hermano por mucho que lo lleven "al Vaticano o a la OTAN".

 

La dirigente ha hecho un "resumen" del recorrido de la denuncia presentada: "es una denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid, alimentado por una ministra socialista y elevado, a su vez, a un organismo dirigido por una persona puesta a su vez por el propio PSOE, y alimentando por una ministra socialista, en este caso la de Justicia, que según sus propias declaraciones ni siquiera respetó la separación poderes".

 

"Este contrato lo podrán llevar después, la semana siguiente, al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías... pero cuando no hay nada no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra vez en alimentarlo", ha sentenciado.

 

A su parecer, lo que intentan es "una y otra vez estirar esta historia y además pretendiendo robarle a los ciudadanos el derecho legítimo de su gobierno a trabajar todos los días" como están haciendo desde la Comunidad de Madrid. "No me preocupa el contrato, me preocupa España porque creo viendo todo esto pienso que está en las peores manos", ha declarado.