Borrás asegura que revisarán las "licencias de edad" por las que son remuneradas

Estalla en la Generalitat el escándalo de los funcionarios que cobran sin trabajar

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que se revisarán las 12 'licencias de edad' de funcionarios de la Cámara Regional tras saltar el escándalo de que hay un grupo de personas que cobran sin trabajar. El Parlament de Cataluña gasta unos 1,7 millones de euros anuales en los sueldos de más de una veintena de funcionarios que cobran sin trabajar, acogiéndose a esa figura denominada 'licencia de edad' que fue creada en 2008 y que la Cámara catalana modificó a finales de 2021 para corregir parcialmente este privilegio.

 

Según ha publicado esta semana el diario Ara, se trata de trabajadores de más de 60 años y con más de 15 de trayectoria, que hasta que se jubilan pueden mantener el salario, con sus respectivas cotizaciones, y seguir sumando antigüedad. Al tratarse de empleados de larga experiencia, algunos de los sueldos superan al del presidente de la Generalitat (130.250 euros anuales) y se acercan al de la presidenta de la cámara, Laura Borràs (155.570).

 

Estas 12 se suman a las 21 anteriores que el Parlamento catalán las había ido concediendo desde el año 2008, fecha en la que se aprobó la citada figura. Fuentes del Parlament aseguran que esas 21 'licencias de edad' no se pueden modificar porque se trata de derechos adquiridos.

 

En una entrevista de Rac1, ha destacado que el acuerdo unánime de la Mesa del 21 de diciembre ya se aprobó con la intención de eliminar esta figura especial, y que el alcanzado en la Mesa este martes defiende "acelerar esta extinción", que se deberá acordar en una negociación con los trabajadores, representados en el Consell de Personal del Parlament.

 

Preguntada por las críticas de otros grupos parlamentarios asegurando que desconocían la situación, ha replicado que no se puede "pretender que hay votaciones que son por unanimidad y que las personas que votan no saben lo que votan" --la Mesa está integrada por diputados de Junts, ERC, el PSC-Units y la CUP--.

 

Ha recalcado que la información estaba disponible para que la pudiera consultar quien quisiera de la Mesa, y ha asegurado que un documento de una reunión con el Consell de Personal figura la presencia y firma del secretario primero, el socialista Ferran Pedret: "Ignorancia de lo que está pasando no se puede aducir".

 

Borràs ha asegurado que también lo comunicó a presidentes de grupos parlamentarios con los que se reunió la semana pasada --como Jéssica Albiach (comuns) y Carlos Carrizosa (Cs)--, y ha garantizado que impulsó procesos para cambiar la situación "en aras de la transparencia" e independientemente de que estuviera en marcha una investigación periodística.

 

EDUARD PUJOL Y 17A

 

Sobre el hecho de que un juez haya apuntado a que el exportavoz de Junts Eduard Pujol fue acosado y no acosador, como se denunció y por lo que Junts le suspendió de militancia, Borràs ha dicho que ya se le reparó esta suspensión y ha apostado por trabajar con él una "recuperación completa" y abordar la posibilidad de asumir responsabilidades más allá de la militancia.

 

Preguntada por la decisión de la Mesa de llevar a Fiscalía una denuncia para pedir que investigue las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), ha dicho que debería haber promovido esta investigación de oficio y que "las expectativas en la Fiscalía, vista la experiencia, son pocas".