Así lo ha señalado a los medios de comunicación, con motivo de la "gran manifestación" que protagonizan las organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales contra la reforma de la 'ley mordaza'.
Además, ha criticado que la reforma propuesta por el Ejecutivo es un "empeoramiento de la Ley de Seguridad Ciudadana", porque va encaminado a "desproteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ya que "no se va a avanzar en un sistema que lo que hace es criminalizar y desproteger a los policías".
"Sánchez se está dejando llevar por sus socios, que lo que quieren es que la policía sea la mala siempre, se la desproteja y que se proteja a los delincuentes", ha lamentado.
Asimismo, Arrimadas ha afirmado que entiende que "los socios del Gobierno quieran atacar a la policía, ya que los dirigentes de Esquerra están condenados por delitos gravísimos, hay 26 dirigentes de Bildu condenados por delitos relacionados con el terrorismo y en Podemos no les caben los imputados y condenados".
Ha recordado a "los que no podían venir, porque han dado su vida por España, policías, guardias civiles, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad" y también a "los que han sufrido graves daños por el servicio de su labor".
La marcha discurrirá por el centro de Madrid bajo el lema "No a la Inseguridad Ciudadana", y contará con el apoyo de unas 40 organizaciones policiales, entre ellos sindicatos representativos de la Policía Nacional y locales, así como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
QUEJAS POR LAS ENMIENDAS PRESENTADAS
El proceso de enmiendas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha levantado quejas entre los policías por la regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional. También porque entienden que se "elimina la presunción de veracidad, con el consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad".
La posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas también ha sido criticado, ya que sostienen que esto merma su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos.
Lo mismo ocurre con la "inoperatividad" que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas o la exigencia de devolver al arrestado al punto donde fue requerido, lo que entienden que les convertiría en "taxistas".
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