Delitos de odio

 

Para la chusma que vive a costa de engañar al personal es más sencillo dinamitar puentes que construirlos. Por eso, en cuanto tienen una mínima oportunidad, se lanzan los ministrillos a escribir tuits denunciando, incluso sin carácter probatorio definitivo, lo que el convencionalismo ético considera ahora correcto. De esta forma, el político chusquero de turno atenta contra la presunción de inocencia. Y, de paso, mata dos pájaros de un tiro. Por una parte engaña a la gente y, por otra, oculta su incompetencia.

 

Sembrando odio, se recoge homofobia. Por eso, generando gresca, se distrae al electorado con mayor facilidad. Y se le confunde. Y se le hace que trate de pensar que la culpa no es de un solo miserable, sino del lugar donde se ha ido a ocultar. De esta forma, la responsabilidad ya no tiene por qué ser individual. Y así, el que se encarga de generar odio, no se le tiene que identificar como una sola persona. Sino con todo el berenjenal que ha montado para esconderse como un cobarde. Ahí agazapado. En su colectivo.

 

Pero, ¿qué es esto del odio a las personas? ¿Quién lo enaltece? Y, yendo más allá, ¿son capaces los comunistas de entender mejor el afecto al hombre? ¿Puede un conservador elegido al azar estar en posesión del verdadero amor? Pues en teoría, no. Y en la práctica, tampoco. 

 

El amor no pertenece a ninguna clase social. Ni a ningún sexo. Tampoco es propio de una raza. O de una ideología. Y mucho menos es de la persona que esté cometiendo el delito de crear animadversión a la ciudadanía que él mismo debería defender. Entre otras cosas porque, por ejemplo, si el mandatario, por su ideario, o por su condición sexual, se lo apropiase, ya estaría adueñándose de ese error. Es decir, que ese ser imbécil, por defecto, se convertiría en un maltratador. En un odiador. Y estaría cometiendo un grave delito, independientemente del partido político al que pertenezca.

 

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se ha encargado de definir qué es eso del delito del odio. Y recalca que sobreviene de cualquier acción penal que atente contra personas (o contra sus propiedades) por motivos de raza, color, credo, condición sexual, origen étnico o nacional y discapacidad física o intelectual. Incluso un delito de odio puede ser también aquel que llegue a menoscabar a otro ser humano por su edad o por algún otro factor similar.

 

Pero, ¿quién comete delitos de odio? ¿Solo los que son de Vox, de Ciudadanos o del Partido Popular? ¿Los podrían cometer también los del PSOE? ¿Ser un odiador profesional es propiedad exclusiva del militante de Podemos? Pues la respuesta es no. 

 

Los que cometen delitos de odio son los que realizan esa infracción. O los que la alimentan. Uno puede ser un tarado asesino de derechas, y también lo puede ser de izquierdas. Puede ser un estúpido de Vox. Un malnacido de Ciudadanos. Un cretino del PP. Un tonto del PSOE. O un idiota de Podemos. Ser un homicida, un loco, no forma parte de la propiedad de ningún partido político constitucional. En España no estaría permitido. Lo dice la Ley. La Norma. La Constitución.

 

Es verdad que es difícil para un partido de calado nacional controlar a tanto gilipollas suelto. Porque puedes dar con la típica insensata que se despelota en una iglesia. O con un gañán que se le escape la mano con los abuelos. O con un macarra que se divierta descalabrando a un político en un mitin. O con un desaprensivo proxeneta. O con un miserable corruptor de menores. O con un loco atacapolicías. O con un etarra cabrón. Y siempre en estos casos la responsabilidad sería del que comete el delito. No del partido político en el que milita. Fundamentalmente porque esa formación está sujeta a las directrices que se establecen en la Constitución del 78. Por eso es muy urgente que tenga su merecido el odiador de turno. Pero siempre atendiéndose al imperio de la Ley. Y no a lo que arbitre Marlaska.