El Consejo de Ministros aprueba la ley de memoria democrática

El Gobierno exhumará a Primo de Rivera del Valle y retirará los títulos que dio Franco

Prevé la extinción de la Fundación Francisco Franco por ensalzar la dictadura

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que el anteproyecto de ley de memoria democrática que ha aprobado el Gobierno pretende "resignificar" el Valle de los Caídos, de modo que los restos mortales del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejarán de estar en un "lugar preponderante" de este mausoleo y el Ejecutivo decidirá el destino de la Cruz en el proyecto concreto de resignificación.

 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños además ha explicado que esta ley de memoria democrática retirará símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a "todas aquellas personas que se les concedieron por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil".

 

Según ha explicado el propio Bolaños, que ha sido el encargado de llevar esta ley de memoria democrática al Consejo de Ministros, la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos se efectuará en comunicación con la familia del líder falangista. "Hablaremos con la familia, es la manera más sencilla de cumplir la ley", ha defendido.

 

NO SE PREVÉ RETIRAR LA GRAN CRUZ

 

Por otra parte, el Gobierno no contempla la retirada de la cruz del Valle de los Caídos pese a la resignificación que se quiere dar al lugar con la nueva ley de Memoria Democrática. Lo que sí está en el aire es el futuro de la abadía, ocupada actualmente por monjes benedictinos y que el Ejecutivo negociará con la Iglesia, según han explicado fuentes gubernamentales.

 

La ley de Memoria Democrática declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y deroga el real decreto de la abadía del año 1957, por lo que el Gobierno iniciará un proceso de negociación con la Iglesia para definir su futuro.

 

Todo ello en el marco de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria de todas las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. En él tampoco cabe que el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera ocupe un lugar preponderante, por lo que deberá ser exhumado para su traslado a otro lugar de la abadía o fuera del Valle si así lo deciden sus familiares.

 

Esta ley recoge por primera vez de forma explícita, en su artículo 1.3, un repudio y condena del golpe militar del 18 de julio de 1936 y la condena de la dictadura y pone a las víctimas en el centro de la acción pública, según subrayan las fuentes del Ejecutivo.

 

Para ello, avanza hacia la nulidad de todas las condenas y sentencias de los tribunales de excepción franquistas y aprueba la creación de un censo de víctimas para contar con un número oficial y darles visibilidad.

 

La ley crea la figura de un fiscal de sala de memoria democrática, que será nombrado por el fiscal general del Estado. El Gobierno cuenta con que prácticamente todos los autores de delitos que se pudieran cometer durante la guerra civil y la dictadura han fallecido ya, pero deja en manos del fiscal la posibilidad de elevar la investigación en caso de que alguno continúe vivo y aprecie delito.

 

Además, señala al Estado como el responsable de todo el proceso de localización, búsqueda, exhumación e identificación de cadáveres que permanecen en fosas comunes. La secretaría de Estado de Memoria dedica un 60 por ciento de su presupuesto a este cometido, que cuenta ya con un catálogo de 304 fosas para los años 2020 y 2021 que se ampliará con un millón más de euros destinados a los ayuntamientos para que contribuyan a esta labor.

 

La ley pone además el foco en el denominado deber de memoria y quiere garantizar que el periodo de la guerra civil y la dictadura se estudia en los institutos. La forma de hacerlo aún está en estudio, pero contempla una reordenación de la asignatura de Historia para garantizar que los alumnos conozcan esta etapa.

 

Además, avanza respecto a la ley de memoria histórica del año 2007 en la concreción para la retirada de símbolos del franquismo mediante un catálogo, un procedimiento de actuación e incluso la aplicación de sanciones en caso de que sus responsables se nieguen que irán desde los 200 a los 150.000 euros en función de la gravedad.

 

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO

 

Además, este anteproyecto de ley de memoria democrática recoge la extinción de las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan "con menosprecio a las víctimas" del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.

 

En cualquier caso, Bolaños ha explicado que la extinción de la Fundación Francisco Franco no será inminente, ya que una vez que se modifique la ley se iniciará un procedimiento administrativo que concluirá con una resolución y posteriormente habrá un procedimiento judicial.

 

"No será una extinción inmediata de la Fundación Francisco Franco si es que así se insta por los órganos competentes", ha sentenciado el ministro de la Presidencia, que ha sido el encargado de llevar al Consejo de Ministros este anteproyecto en el que ya estaba trabajando la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.

 

OPTAR A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

 

Otro de las novedades que se recogen en este anteproyecto de ley es que se establecen dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que perdieron la nacionalidad española.

 

El otro supuesto, según ha detallado Bolaños, es el de los hijos mayores que se les dio la opción de conseguir la nacionalidad en la ley de memoria histórica del año 2007 y que solo afectó a los hijos menores: "Ahora abrimos la posibilidad a los hijos mayores de edad".

 

Por otro lado, el Gobierno creará con esta ley una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática que "investigará, impulsará, practicará diligencias para investigar todas las violaciones de derechos humanos e impulsará la búsqueda de las víctimas".

 

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto inicia ahora su andadura parlamentaria y, ante el rechazo que ya ha avanzado Vox y la petición de la Fundación Francisco Franco al PP de que luche contra esta ley, Bolaños ha asegurado que la voluntad es que tenga "el máximo consenso posible".

 

"Más allá de las declaraciones de un tipo o de otro, la voluntad del Gobierno es que los partidos se sumen a una ley homologable al resto de paises europeos, que lo único que pone en el centro es a las víctimas de una dictadura", ha subrayado Bolaños.