Pero Sánchez es único y especial. Si para permanecer algo más de tiempo en el poder hay que reírse de los fundamentos de un Estado de Derecho pues se hace y a otra cosa. Llevaba un tiempo embarcado en la operación indulto, así que las razones ofrecidas este martes para justificarlos no son nuevas, sino una repetición de mantras repetidos a lo largo de las últimas semanas, resumidos en una frase de su marketiniano estilo de gobierno: "Con los indultos la democracia demuestra su grandeza". Esto no sólo no es así, sino que es una mentira más a las que nos tiene ya acostumbrados. Y lo es porque para imponer su única voluntad no ha dudado en torcer el brazo al poder judicial, desoyendo el informe desfavorable del tribunal sentenciador (Tribunal Supremo), que argumentó alto y claro que "no hay el necesario arrepentimiento" por parte de los reos y advirtiendo, por el contario, "su disposición declarada de volver a intentar subvertir el orden constitucional en Cataluña".
Sin embargo, sí hay un cambio notable en el argumentario para justificar los indultos. Por omisión. Sánchez, así como sus obedientes ministros, han venido sosteniendo que esa medida de gracia se aplicaría por razones de utilidad pública, justicia y equidad. Pero a la hora de la verdad, sólo han mantenido la primera de las razones, conscientes en el fondo de que con estos indultos no hay ninguna justicia ni equidad. En cuanto a la utilidad pública de los mismos nos quieren hacer creer que el Gobierno ha tomado esta decisión porque "es la mejor para Cataluña, para España, y la más conforme con el espíritu de concordia y convivencia de la Constitución". Una vez más mentira y mentira. Sánchez lo ha hecho sólo por él y por su interés personal, bien ajeno al interés de los españoles, que en su mayoría se oponen a esos indultos, como ha reflejado hasta el CIS de su amigo Tezanos.
En cuanto a su supuesto objetivo de querer restablecer la convivencia y la concordia en la sociedad catalana y la española, es evidente que es más un deseo que una realidad a tenor de la respuesta que la medida del Consejo de Ministros ha tenido en los independentistas. Por si albergaba alguna esperanza de que una vez fuera de la cárcel, los líderes sediciosos catalanes se iban a portar como un socio obediente y conciliador, ya ha tenido pruebas de que no va a ser así. El propio presidente tuvo que aguantar el lunes en Barcelona los abucheos personales y los gritos a favor de la independencia. Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha tardado en avisar que los presos salen de la cárcel con la "voluntad reforzada de construir una república catalana".
No parece que los socios independentistas de Sánchez estén por la concordia que vende Moncloa. Por el contrario, una vez visto cómo el Gobierno de la nación se ha arrodillado ante unos separatistas condenados, ya no les basta el indulto; quieren el referéndum de autodeterminación y la amnistía que ponga "fin a toda la represión". ¿Eso es lo que se va a debatir en la mesa de diálogo bilateral? Porque si es así, Sánchez va a tener un problema muy importante, y es que su gobierno no puede conceder ninguna de ambas exigencias por ley. Si las actuaciones de Sánchez se han dirigido con el objetivo de anclarse a la poltrona de la Moncloa, ya estará comprobando lo duro que es ser rehén de personajes a los que no les importa nada España.
Sánchez podía haber apostado por dar por concluida la Legislatura y convocar elecciones anticipadas. Pero en vez de eso ha preferido humillarse él y humillar a los españoles de bien ante unos indeseables socios que sólo persiguen unos fines ilegales como le han advertido la Fiscalía, el Tribunal Supremo, los partidos de la oposición y hasta socialistas de la talla de Felipe González y Alfonso Guerra, entre otros. Es pronto para saberlo, pero puede que haya calculado mal y los indultos le supongan su tumba política, aunque sea aplazada.
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