El escrito de acusación atribuye a Buch los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y también acusa al sargento de Mossos d'Esquadra Lluís Escolà, que había sido jefe operativo de la unidad de escotas de presidencia, como cooperador necesario.
El fiscal Pedro Ariche sostiene que Buch decidió facilitar a Puigdemont un servicio de protección en el extranjero con "personas de su estricta confianza a costa del erario público", para lo que supuestamente nombró a Escolà asesor de la Conselleria para que escoltara al expresidente.
La acusación calcula que el sueldo de Escolà como asesor durante ese tiempo superó los 52.700 euros en total, y sostiene que no hizo funciones de asesor del conseller --tacha sus informes de estar "plagados de generalidades, por corresponderse con la recopilación de otros textos"-- y lista 18 viajes a capitales europeas en los que el sargento supuestamente dio protección a Puigdemont.
En el escrito, el fiscal afea que Buch designó a Escolà como asesor en sistemas de seguridad en "un acto de mera arbitariedad" y con la única intención de que escoltara a Puigdemont a pesar de que el Tribunal Supremo (TS) ya le había declarado en rebeldía por no comparecer en la causa por el 1-O.
Para el juicio, que será en la Audiencia de Barcelona, el fiscal propone interrogar como testigos a varios mossos y al entonces director del cuerpo, Andreu Martínez.
También pide interrogar al sucesor de Martínez, Pere Ferrer, que entonces era el jefe de gabinete de Buch, y al ex secretario general del Departamento Brauli Duart.
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