Carajal informativo

Más bien, supongo que el anuncio lo ha llevado a cabo al aroma de las elecciones madrileñas, y que, una vez pasadas, se volverá a reflexionar sobre la medida, amparado en las condiciones de la extensión de la pandemia.

 

Puede que fuera lo más lógico, porque de no ser así, la autoridad de las comunidades autónomas para tomar determinadas medidas, así como el amparo judicial, van a constituir un embrollo de difícil comprensión. Y no sólo para los ciudadanos de a pie, que tenemos que sufrir y obedecer las normas, sino para las propias autoridades autonómicas y los jueces. ¿Un juez va a dictaminar que no puedo sacar a pasear al perro a las doce de la noche? ¿Una comunidad autónoma puede prohibir el derecho constitucional de viajar libremente por el territorio del país? Y, claro, si algún particular, o alguna autonomía se enreda en contenciosos y recursos, el perro se ha meado en la alfombra, o el ciudadano amparado por su derecho Constitucional ya se ha recorrido España desde Gibraltar hasta Bilbao.

 

En más de un año, el Gobierno debería haber preparado una Ley que permitiera a las autoridades autónomas, una vez concluido un estado de alarma -que no es eterno- tomar medidas que, sin esa Ley, no pueden tomar. Y la vicepresidenta, Carmen Calvo, miente cuando asegura que hay normas vigentes en nuestra actual legislación. Que mienta, da lo mismo, porque es marca de este Gobierno, pero lo malo es que como a un presidente autonómico le parezca que hay que cerrar la región para luchar contra la pandemia, dudo de que los jueces le apoyen y, en caso de apoyarle, también dudo de que no haya reacciones por parte de muchos ciudadanos, en forma de recursos legales. Gracias a no haber prevista la anunciada situación, el carajal está garantizado.