La prórroga ha contado con el apoyo de 194 diputados de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País-Equo, Compromís, ERC, PNV, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y los cuatro diputados del PDeCAT, que por primera vez han votado distinto de sus compañeros de Junts.
Ha habido 53 votos en contra, que son los de Vox y del diputado del Foro Asturias, mientras que el PP se ha abstenido, al igual de Bildu, Junts, la CUP y Unión del Pueblo Navarro (UPN), sumando 99 abstenciones.
CUATRO DIPUTADOS NO HAN VOTADO
Ha habido cuatro diputados que no han participado en la votación, dos del bloque del si --Montserrat Basa (ERC) y José Maria Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC)-- y dos de las filas de la abstención --Juan Antonio Callejas (PP), y dos delas abstenciones -- Juan Antonio Callejas (PP) e Iñaki Ruiz de Pinedo (EH Bildu)--.
Esquerra Republicana pactó con el PSOE una propuesta de resolución, aprobada por la mañana, y que obliga al presidente Pedro Sánchez a rendir cuentas cada dos meses de la aplicación del estado de alarma.
Además, establece que, tras cuatro meses de prórroga (9 de marzo), la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, pueda decidir, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos y sociales, si lo levanta o lo mantiene hasta el 9 de mayo.
Esas comparecencias de Sánchez serán en paralelo a las que protagonice mensualmente Illa ante la Comisión de Sanidad para detallar los datos y gestiones correspondientes a su departamento.
Asimismo, el Pleno del Congreso ha aprobado modificar el decreto de prórroga del estado de alarma para establecer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá rendir cuentas sobre su aplicación cada dos meses en sede parlamentaria y que, en función de la evolución de la pandemia, esta medida se podrá revisar e incluso levantar en el mes de marzo.
Este es el contenido de la enmienda que ERC había pactado con el PSOE, una de las dos que han sido aprobadas por el Pleno. La otra es una propuesta del PNV, que también se aceptó en el estado de alarma anterior, para que los enclaves como el Condado de Treviño, situado en territorio alavés pero perteneciente a Burgos, tenga que aplicar las medidas que se aprueben para Álava.
LAS COMUNIDADES VERÁN SI SE LLEGA A MAYO
El Ejecutivo planteaba en su decreto extender el estado de alarma hasta el 9 mayo, si bien ya el miércoles Sánchez ofreció revisar la vigencia de esta medida excepcional dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, y que fuera el Consejo Interterritorial de Salud el que tome una decisión al respecto en función de la evolución de la pandemia.
Tras esa oferta, el PSOE y ERC pactaron un texto para que sea la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la que formule al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma transcurridos cuatro meses, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.
Esa enmienda, que ha sido apoyada por el PSOE y Unidas Podemos, también establece que Sánchez comparezca en el Pleno cada dos meses y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acuda con carácter mensual a la Comisión de Sanidad, para informar, sin votaciones, de la aplicación del estado de alarma y su incidencia en la evolución epidemiológica.
SIN SÁNCHEZ HASTA EL 9 DE ENERO
Eso supone que el presidente del Gobierno no estará obligado a rendir explicaciones sobre el estado de alarma hasta pasadas las Navidades, en torno al 9 de enero. En el estado de alarma de primavera, Sánchez comparecía cada 15 días y tras cada debate había votación.
También ha salido adelante, como ya ocurrió durante el estado de alarma que estuvo vigente entre marzo y junio, una enmienda del PNV para que enclaves encajados en provincias de las que no dependen administrativamente se ajusten a las medidas que se aprueben para la provincia circundante.
Todas las enmiendas presentadas por el resto de formaciones han sido rechazadas. En ellas la oposición planteaba otras fórmulas para controlar parlamentariamente el estado de alarma. El PP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) pedían que Sánchez compareciera cada 15 días, mientras que Ciudadanos, Más País y Compromís abogaban por que lo hiciera de manera mensual.
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