Tormenta real
El fiscal de Sala del Supremo especializada en Delitos Económicos tiene ya en su poder la documentación enviada por la justicia suiza sobre el caso de la empresaria Corinna Larsen y su relación con el destino de 100 millones de dólares -opacos al Fisco español- que habría compartido con el Rey Juan Carlos I y cuyo origen sería una comisión por las gestiones para conseguir que el ferrocarril AVE a La Meca fuera adjudicado a empresas españolas.
Este asunto que tiene una trascendencia mediática y sobre todo política muy notable, judicialmente podría acabar en nada.
Son varios los expertos que opinan que la inviolabilidad que la Constitución otorgaba a quien cuando se produjeron los hechos era el Jefe del Estado haría inviable proceder judicialmente contra él. Por otra parte en el supuesto -improbable- de que el caso llegara a juicio en España ante la Sala Segunda del Supremo, en el plano estrictamente procesal, fuentes judiciales cercanas a la Audiencia Nacional coinciden en señalar que vistos los reiterados cambios de versión respecto de los hechos que motivaron la apertura de diligencias por la parte de la Fiscalía suiza la credibilidad de la señora Larsen es nula. Las mismas fuentes coinciden en que sería muy difícil, por no decir imposible, conseguir el testimonio de los personajes de la Casa Real saudí presuntamente relacionados con el asunto. En resumen, que en términos judiciales: no habría caso.
Cosa distinta, obvio resulta subrayarlo, es el escándalo que el caso apareja ya desde el punto de vista político. De hecho ya lo está siendo y resulta abrasivo para la imagen de la Monarquía. El Rey Juan Carlos I, definido en su día como el "motor de la Transición" por su condición de auriga principal del proceso que permitió pasar de la dictadura a la democracia, ocupará un lugar destacado en los libros de Historia de España.
Su tragedia será que su conducta privada, muy en línea con la de otros Borbones en el pasado, puede haber asestado una estocada letal a la reputación de la institución que ahora encabeza su hijo, el Rey Felipe VI. Todo ello coincide en el tiempo con una ofensiva política de algunos partidos de la izquierda (en primea línea Podemos que forma parte de la actual coalición de Gobierno con el PSOE) para liquidar lo que Pablo Iglesias denomina despectivamente "el régimen del 78". Los partidarios de la vuelta a la República nunca soñaron que encontrarían en el Rey emérito a su principal aliado. La tormenta que se barrunta lleva camino de ser perfecta.
Este asunto que tiene una trascendencia mediática y sobre todo política muy notable, judicialmente podría acabar en nada.
Son varios los expertos que opinan que la inviolabilidad que la Constitución otorgaba a quien cuando se produjeron los hechos era el Jefe del Estado haría inviable proceder judicialmente contra él. Por otra parte en el supuesto -improbable- de que el caso llegara a juicio en España ante la Sala Segunda del Supremo, en el plano estrictamente procesal, fuentes judiciales cercanas a la Audiencia Nacional coinciden en señalar que vistos los reiterados cambios de versión respecto de los hechos que motivaron la apertura de diligencias por la parte de la Fiscalía suiza la credibilidad de la señora Larsen es nula. Las mismas fuentes coinciden en que sería muy difícil, por no decir imposible, conseguir el testimonio de los personajes de la Casa Real saudí presuntamente relacionados con el asunto. En resumen, que en términos judiciales: no habría caso.
Cosa distinta, obvio resulta subrayarlo, es el escándalo que el caso apareja ya desde el punto de vista político. De hecho ya lo está siendo y resulta abrasivo para la imagen de la Monarquía. El Rey Juan Carlos I, definido en su día como el "motor de la Transición" por su condición de auriga principal del proceso que permitió pasar de la dictadura a la democracia, ocupará un lugar destacado en los libros de Historia de España.
Su tragedia será que su conducta privada, muy en línea con la de otros Borbones en el pasado, puede haber asestado una estocada letal a la reputación de la institución que ahora encabeza su hijo, el Rey Felipe VI. Todo ello coincide en el tiempo con una ofensiva política de algunos partidos de la izquierda (en primea línea Podemos que forma parte de la actual coalición de Gobierno con el PSOE) para liquidar lo que Pablo Iglesias denomina despectivamente "el régimen del 78". Los partidarios de la vuelta a la República nunca soñaron que encontrarían en el Rey emérito a su principal aliado. La tormenta que se barrunta lleva camino de ser perfecta.
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