El PP denuncia que Interior investiga las protestas críticas contra el Gobierno

 

En virtud del artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se solicita "todos los informes y órdenes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre las protestas ciudadanas en toda España". También se reclama copia de las órdenes e informes del Gabinete de Coordinación y Estudios, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y de la Delegación del Gobierno en Madrid.

 

En concreto, se menciona que se envíe copia de "instrucciones, informes emitidos o recibidos" por la Delegación del Gobierno que preside José Manuel Franco.

 

También se requiere lo mismo en lo relativo a las "instrucciones, órdenes diarias e informes emitidos o recibidos por la Policía Nacional en Madrid, así como de las instrucciones, informes y órdenes diarias de supervisión aérea en Madrid, a las 21.00 horas, de vigilancia de dichas protestas".

 

En diferentes comparecencias públicas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido el trabajo policial durante la crisis sanitaria y ha negado que se dieran órdenes con criterios políticos en cuestiones como el rastreo de bulos en las redes sociales. Esta semana, en respuesta al PP, negó en el Senado instrucciones para identificar a manifestantes por llevar la bandera de España, remitiéndose a lo manifestado por varios sindicatos policiales.

 

EL TSJCyL AUTORIZA LAS MOVILIZACIONES DE VOX 

 

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado los recursos interpuestos por el partido político VOX y ha declarado nulas las resoluciones de las subdelegaciones del Gobierno en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora que prohibían las manifestaciones convocadas en forma de caravana, con vehículos cerrados particulares y motocicletas o bicicletas, para el próximo sábado en cada una de estas ciudades.

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, con sede en Valladolid, ha reconocido además el derecho del partido político a llevar a cabo dichas manifestaciones, según informan fuentes de dicho tribunal a través de un comunicado recogido por Europa Press.

 

El TSJCyL entiende que el derecho fundamental de manifestación, reconocido en el art. 21 de la Constitución, no está suspendido por el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma y que la situación de salud pública alegada por la Administración en el momento actual no justifica esa prohibición.

 

La decisión se fundamenta también en la escasa duración de las manifestaciones previstas de 12.00 a 12.30 horas, y que se van a realizar en vehículos cerrados y en motocicletas o bicicletas, cuyo uso no está prohibido por el Real Decreto de alarma.

 

Además, la Sala señala que en otras ciudades españolas no se han prohibido otras manifestaciones convocadas también para el día 23 de mayo por dicho partido político, y que la Junta de Castilla y León ya ha propuesto que todas las capitales de provincia de esta comunidad pasen a la Fase 1.

 

El Tribunal también indica que los participantes en esas manifestaciones han de adoptar las correspondientes garantías de seguridad sanitarias y, entre ellas, el uso de mascarillas, obligatorio ya en lugares públicos.