Vox propone suprimir tres Vicepresidencias y diez Ministerios

 

En una iniciativa registrada en el Congreso, Vox aboga por reformar la Ley de Gobierno de 1997 y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 para fijar un máximo legal de dos Vicepresidencias y de 12 departamentos ministeriales, de forma que el Consejo de Ministros esté integrado por un máximo de 13 personas, incluido el presidente, frente a los 23 actuales del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

 

Según informa Vox en un comunicado, aquellos ministerios que no desempeñen cometidos indispensables se suprimirán o se les rebajará de categoría, al igual que el sueldo de sus titulares.

 

Además, el partido que lidera Santiago Abascal insta al Gobierno a realizar en el plazo de 6 meses una auditoría de las Administraciones Públicas que detecte aquellas entidades públicas, observatorios y organismos autónomos que no realicen funciones esenciales, que tengan fines meramente ideológicos o que no sirvan al interés general, procediendo inmediatamente a su disolución.

 

El objetivo de estas medidas, según argumentan, es "dirigir todos los esfuerzos económicos del Estado a proteger la economía española, el tejido empresarial y los puestos de trabajo, así como a mantener las prestaciones públicas que aseguren la cobertura de las necesidades reales de los españoles y la provisión de aquellas que en justicia les correspondan".

 

"ESTRUCTURA MASTODÓNTICA"

 

"El grave drama económico y social que se avecina exige de quienes nos gobiernan que acompasen el gasto político a las posibilidades de los ciudadanos. Los españoles cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de sostener el Estado del bienestar y deben recibir un mensaje claro e inequívoco de que su esfuerzo diario y su sacrificio individual en favor del superior interés de la comunidad se dirige correctamente", asegura el diputado por Alicante y portavoz en la comisión de Transparencia Democrática, Eduardo Ruiz.

 

Para Vox, el Gobierno presenta actualmente "una mastodóntica y extensa estructura" que tiene un coste anual de 15,84 millones de euros anuales en sueldos de altos cargos, por lo que "la obligación ética y moral" debe ser "impulsar políticas que disminuyan la carga que para los ciudadanos supone la existencia de superestructuras de Gobierno".