Y prosigue Lefebvre: “No hay necesidad de dictador (…). El sistema coge a cada miembro y lo somete al conjunto (…) a unos fines que sólo conocen los poderes de decisión y que nada ni nadie puede poner en duda ni en tela de juicio”. Esta forma de actuar de los totalitarios es una constante en Iglesias. El último episodio es amedrentar al Tribunal Supremo, para que corrija la Sentencia del TSJ de Madrid, en el caso de su correligionaria Isa Serra. No otra cosa pretendía Iglesias con su tuit. Incluso avisa que van a recurrir (¿cómo lo sabe si no es parte?): “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Inmediatamente le corean la ministra condueña de la dacha y Pablo Echenique Robba, Portavoz. Es decir, se corea a sí mismo. Luego vienen sus altavoces institucionales en la Universidad y el Poder Judicial: Juezas y Jueces por la Democracia, que dicen exactamente lo mismo que el Gobierno, que se trata de una cuestión de “libertad de expresión”.
Pues no. Pablo Iglesias es Vicepresidente del Gobierno en ejercicio, y diciéndole al Tribunal Supremo lo que ha de hacer en el recurso que previamente anuncia, incurre en una auténtica intromisión del Poder Ejecutivo (el más fuerte de los poderes del Estado) en la independencia del Poder Judicial. Con razón ha protestado el CGPJ. No es para menos. Y lo de la Universidad es vergonzoso. Ni más ni menos que un manifiesto encabezado por un personaje tan en entredicho (salvo para la izquierda bolivariana latinoamericana) como Baltasar Garzón, con jueces afines y profesores, que se supone tendrían que ser mayormente de Derecho Civil y Penal (condena penal relacionada con un desahucio). De Civil no hay ni uno y curiosamente la inmensa mayoría es de Derecho del Trabajo, junto con bastantes penalistas y profesores de Filosofía del Derecho. Ahí se ve qué ramas del Derecho le interesa controlar a la izquierda bolivariana. Porque no se engañen ustedes, el terror difuso está presente en la Universidad. Sabemos que estamos vigilados y no hablo ya de profesores, sino de alumnos militantes, que el otro día me comentaba un compañero que hasta te corrigen el lenguaje en clase, para que lo adaptes a los cánones de la presente inquisición bolivariana. El mensaje es obvio: estás vigilado, sabemos quién eres, sométete a la “hegemonía cultural” de nuestro icono Gramsci.
Junto a eso la difusión social del terror. No critiques, o una legión de “trolls” organizados te despellejará en las redes sociales, para silenciarte. Hace días fue Rafa Nadal, por decir algo obvio sobre el Covid-19: “Hemos tenido que tomar medidas extremas porque no tomamos las medidas preventivas adecuadas”. Lo más suave fue facha y lo más repetido “epidemiólogo”, con sorna. De hecho, cuando la censura a Rajoy, Nadal manifestó algo igualmente obvio, que sería mejor convocar elecciones y un diputado podemita le dijo: “A mí me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas”. O sea que Nadal es criticado por “epidemiólogo”, mientras que ellos son avezados tenistas. O las embestidas contra Amancio Ortega, ciudadano ejemplar; la intimidación con querellas cuando se difunde algo que no les gusta, o la amenaza directa de nacionalizar eléctricas y medios de comunicación, al estilo Chávez, etc.
Como decía el TC alemán: “Quien se siente inseguro de si (…) se registran cualesquiera comportamientos divergentes (…) procurará no llamar la atención con esa clase de comportamiento. Quien sepa de antemano que su participación, por ejemplo, en una reunión o en una iniciativa cívica va a ser registrada por las autoridades y que podrán derivarse riesgos para él por este motivo, renunciará presumiblemente a lo que supone un ejercicio de los correspondientes derechos fundamentales”. Por ahí van los tiros.
Emilio Suñé Llinás es Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Francisco Javier Bejar | Martes, 05 de Mayo de 2020 a las 09:49:12 horas
A ver que algún entendido en la materia, me explique esto. O sea que el gobierno( poder ejecutivo) pide a la GC, que investiguen las criticas que se publican hacia el gobierno, por otro lado miembros de ese mismo gobierno (poder ejecutivo) y otros miembros de las Cortes(poder legislativo), se dedican a criticar y menospreciar las decisiones de los Jueces(poder Judicial).
El Sr Iglesias Turrón, vicepresidente 2° del gobierno y por ende perteneciente al poder ejecutivo, se permite criticar al poder judicial, menospreciando sus decisiones y además cuestionando su imparcialidad, y su legitimidad; a la vez se permite criticar desde su todopoderosa vicepresidencia del gobierno, a la persona del Rey( la GC no va a investigar estos hechos), le recuerdo que repase el Art 56 de la Constitución, también me gustaría recordarle el Art 1, punto 2:
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emana los poderes del estado.
Y usted señor Iglesias Turrón, visto esto, por mucho que forme parte de este gobierno, porque el Sr Sánchez así lo quiso; usted representa a una minoría del pueblo español (ese, sobre el que recae la soberanía nacional, recuerda), y usted se cree con ínfulas de poder, para cuestionar todo lo que otras mayorías y minorías como la suya, han votado legítimamente.
Yo creo que usted hay momentos en los que se le olvida, que ya está en la casta, esa que tanto criticó, y en la que ahora se encuentra tan agusto, pero claro de vez en cuando, tiene esos lapsus, y de repente se coloca usted en una postura ,en su discurso como si usted no gobernarse.
Limítese a respetar al resto de los poderes de este Estado y no quiera estar en los 3 a la vez.
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