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CARMEN TOMÁS
Domingo, 19 de Abril de 2020

La paguita de nunca llegar

El inicio de la actividad económica depende del control de la crisis sanitaria. Esto no lo discute nadie. De hecho, ya hay países que han dado pasos hacia el fin de confinamiento, aunque muchos de ellos nunca encerraron a cal y canto a sus ciudadanos, ni cerraron totalmente la economía, ni tuvieron tantos fallecidos e infectados como España.

El Gobierno está haciendo una nefasta gestión de la pandemia. Ya no sólo porque pudo contenerla con mayor éxito hace mucho tiempo, sino porque aún hoy aún no sabemos ni el número real de fallecidos ni siquiera de infectados. Como se llegó tarde por razones ideológicas, también se llegó tarde a la preparación de nuestros hospitales y a la protección de las personas.

 

Ahora, se están planteando cómo ir saliendo del confinamiento y por tanto cómo abrir la economía. La penúltima idea es que sea en dos fases. Una en verano y otra a finales de año. En esta última categoría estarían, por ejemplo, el turismo y la hostelería. Dos sectores que aportan mucha riqueza y mucho empleo. Como desde el principio, el Gobierno no está contando con los empresarios. Ni lo hizo para tomar medidas ni lo está haciendo para preparar la vuelta a la actividad. Se quejan de que les llaman no para consultar o pedir su opinión, sino para comunicarles las decisiones. Todo apunta a que se van a cometer muchos errores. Se ha hecho con los autónomos, con las pymes, con los avales del ICO, con los impuestos. Con todas y cada una de las medidas que se han ido tomando. Unas no funcionan, otras han llegado tarde. Y, la más grave, 4 millones de trabajadores están afectados por un ERTE y no van a cobrar parece que hasta junio.

 

Eso sí, a algunos sólo les preocupa pensando en los votos, implantar un salario mínimo que tampoco han hablado con otras Administraciones que tienen ayudas semejantes. ¿Quién lo va a pagar, se suma a las que ya existen, será temporal, a cuántos afecta, cuánto cuesta? No sabemos nada y ya lo han vendido varias veces. Si, como parece, podría costar unos 6.000-9.000 millones de euros ¿por qué no se dedican mejor a salvar empresas y empleos? No quieren salvar la economía, quieren salvarse y ganar votos.

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