La Comunidad duda de las nuevas medidas laborales del Gobierno central

Tras examinar el contenido del Real Decreto, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, ha subrayado que las nuevas medidas se han adoptado "sin consultar a las autoridades laborales de las comunidades autónomas, y desde el desconocimiento de la incertidumbre que han generado para empresas y
administraciones autonómicas sus anteriores decisiones".

"La falta de criterios claros y escritos sobre qué deba considerarse una medida necesaria o con conexión suficiente con la crisis sanitaria es fuente de riesgo e incertidumbre para empresas y autoridades, generando riesgo de responsabilidad administrativa e incluso penal", ha advertido Giménez.

Por lo que respecta a la prohibición del despido por causas vinculadas a la actual crisis sanitaria, el consejero ha indicado el compromiso de la Comunidad de Madrid con todas las medidas que supongan la protección del empleo, pero reclama que esta protección se extienda también a los autónomos y empresas "que son los generadores de empleo real y de cuya viabilidad depende que se mantenga la actividad económica en nuestro país".

COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRABAJO

En este sentido, la Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central que establezca un subsidio especial de desempleo para quienes hayan trabajado un mes en los anteriores seis meses a la crisis y carezcan de rentas alternativas, así como para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, al encontrarse estos especialmente necesitados de ayuda.

"Estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para resolver la situación creada por el altísimo número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo", ha señalado Giménez, quien apuesta por simplificar los trámites impuestos a empresas y ciudadanos y dar la seguridad jurídica que requiere la actual situación de crisis.

La jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado el cierre de empresas así como despidos masivos debido a la prohibición del Gobierno central a las empresas de ejecutar despidos por fuerza mayor.