El repudio
Vivimos días de zozobra. En el orden sanitario y social por obra de la pandemia de coronavirus y en el plano institucional por las incógnitas que inaugura el comunicado en el que Felipe VI renuncia a una herencia que le habría asignado su padre, el Rey Juan Carlos I, herencia vinculada con fondos depositados en una fundación suiza.
También le retira la asignación mensual de 194.000 euros que el hoy Rey emérito venía recibiendo desde su abdicación. Según la información publicada por el rotativo británico The Telegraph los citados fondos procederían del cobro de comisiones libradas hace algunos años por Abdalá I de Arabia Saudí a favor de Don Juan Carlos I.
No hay precedentes de un hecho semejante cuya naturaleza supone un repudio de facto de la persona del Rey emérito. Estamos ante una decisión del Jefe del Estado cuyo propósito sería cortar cualquier vínculo con semejante legado estableciendo un registro de transparencia que trataría de anticiparse a posibles futuras actuaciones de la justicia -la española o la de Suiza -contra su padre. El Rey emérito, a la sazón, es un ciudadano sometido al imperativo de la ley desde que tras su abdicación perdió la protección de inviolabilidad que le otorgaba la Constitución.
Es un principio universal que los hijos no son responsables de los actos de sus padres. Nadie duda de la probidad de Felipe VI, pero algunas de las acciones de su padre proyectan sombras que alcanzan a la propia institución que representa. Más allá y aún antes del respaldo constitucional, el pilar fundamental sobre el que se apoya la Corona es la ejemplaridad de los miembros de la Familia Real. Felipe VI lo ha entendido desde el primer día de su reinado y a ése principio viene sometiendo todos sus actos.
A raíz del procesamiento y posterior condena de Iñaki Urdangarín, marido de su hermana la Infanta Cristina de Borbón, les retiró el título de duques de Palma y les excluyó -también a su hermana mayor la Infanta Elena- del núcleo de la Familia Real. Visto que un fiscal suizo investiga el origen de la mencionada fortuna, al repudiar por sí y también en nombre de la Princesa de Asturias una herencia de dudosa procedencia, Felipe VI trata de anticiparse a futuros acontecimientos relacionados con su padre en el ámbito judicial. Todo este asunto no ha hecho más que empezar, tendrá continuidad en el escrutinio que exigirán algunas fuerzas políticas y nadie sabe a dónde nos puede conducir. Desde luego, por unas y otras razones, sobran los motivos para estar preocupados.
También le retira la asignación mensual de 194.000 euros que el hoy Rey emérito venía recibiendo desde su abdicación. Según la información publicada por el rotativo británico The Telegraph los citados fondos procederían del cobro de comisiones libradas hace algunos años por Abdalá I de Arabia Saudí a favor de Don Juan Carlos I.
No hay precedentes de un hecho semejante cuya naturaleza supone un repudio de facto de la persona del Rey emérito. Estamos ante una decisión del Jefe del Estado cuyo propósito sería cortar cualquier vínculo con semejante legado estableciendo un registro de transparencia que trataría de anticiparse a posibles futuras actuaciones de la justicia -la española o la de Suiza -contra su padre. El Rey emérito, a la sazón, es un ciudadano sometido al imperativo de la ley desde que tras su abdicación perdió la protección de inviolabilidad que le otorgaba la Constitución.
Es un principio universal que los hijos no son responsables de los actos de sus padres. Nadie duda de la probidad de Felipe VI, pero algunas de las acciones de su padre proyectan sombras que alcanzan a la propia institución que representa. Más allá y aún antes del respaldo constitucional, el pilar fundamental sobre el que se apoya la Corona es la ejemplaridad de los miembros de la Familia Real. Felipe VI lo ha entendido desde el primer día de su reinado y a ése principio viene sometiendo todos sus actos.
A raíz del procesamiento y posterior condena de Iñaki Urdangarín, marido de su hermana la Infanta Cristina de Borbón, les retiró el título de duques de Palma y les excluyó -también a su hermana mayor la Infanta Elena- del núcleo de la Familia Real. Visto que un fiscal suizo investiga el origen de la mencionada fortuna, al repudiar por sí y también en nombre de la Princesa de Asturias una herencia de dudosa procedencia, Felipe VI trata de anticiparse a futuros acontecimientos relacionados con su padre en el ámbito judicial. Todo este asunto no ha hecho más que empezar, tendrá continuidad en el escrutinio que exigirán algunas fuerzas políticas y nadie sabe a dónde nos puede conducir. Desde luego, por unas y otras razones, sobran los motivos para estar preocupados.
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