Cercedilla advierte con pedir indemnizaciones a los residentes de Camorritos

Así lo establece el Consistorio en un folleto publicado en su página web donde asegura que los actuales inquilinos deben abandonar estas edificaciones dado que, según la ley Patrimonio de las Administraciones Públicas, una vez extinguida la concesión las construcciones existentes pasan a ser propiedad del propietario del suelo, en este caso las administraciones públicas.

Concretamente, los terrenos de Camorritos es propiedad del Ayuntamiento de Cercedilla y la zona del Puerto de Navacerrada recae en los consistorios de Cercedilla y Navacerrada en proindiviso. En la zona hay casi cien chalets individuales en Camorritos y apartamentos en el Puerto de Navacerrada.

Concretamente, recuerda que la Real Orden de 16 de abril de 1920 establecía claramente las condiciones de estas concesiones, y el plazo máximo de 99 años estaba determinado por tratarse de terrenos ubicados en Montes del catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Al respecto, añade que "esta ha sido desde siempre una realidad conocida por todos que se ha expresado en las reuniones de asociaciones de vecinos de ambas zonas, y que se materializa en que todos los ocupantes de Camorritos y Puerto de Navacerrada han aceptado que el Registro de la Propiedad de San Lorenzo del Escorial inscriba sus derechos como solo y exclusivamente del derecho de ocupación".

El Consistorio de Cercedilla subraya que retirar estos terrenos del citado catálogo solo puede hacerse mediante solicitud a la Comunidad de Madrid, pero cree que es algo "prácticamente imposible" al ubicarse en una zona de "alto valor medioambiental".

También expone que los terrenos no pueden ser vendidos y que la posibilidad de permuta es "bastante remota" por el "gran valor medioambiental de Los Camorritos y el Puerto de Navacerrada", por lo que la opción "más factible" para estas edificaciones es acometer una nueva concesión.

PROTEGER Y DEFENDER EL PATRIMONIO

Por tanto y ante esta situación, el Ayuntamiento de Cercedilla ha recalcado que su obligación legal es "proteger y defender su patrimonio" y, en esta línea, "desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia".

"Una vez la Comunidad de Madrid declare la finalización de la ocupación el Ayuntamiento de Cercedilla podría y debería ejercitar los correspondientes procedimientos de desahucio administrativo", ha agregado para enfatizar que tiene el derecho de "imponer multas" y reclamar "daños y perjuicios" si las construcciones siguen ocupadas.

También recuerda el Ayuntamiento que solicitó varias veces la rescisión de la concesión a Adif por entender que se habían incumplido los términos de la concesión pasados 99 años, pero el Ministerio de Fomento denegó las peticiones de la corporación.

"El Ayuntamiento nunca ha promovido iniciativas urbanísticas de ningún tipo y no es responsable en ningún caso de la decisión que ha llevado a promotoras y particulares a construir sobre un terreno sujeto a las condiciones de una concesión temporal", ha ahondado para subrayar que su postura es "defender el patrimonio de Cercedilla y de preservarlo para generaciones futuras".