Descubren un edificio donde viven 28 personas en condiciones infrahumanas

El hallazgo se produjo el viernes 7, cuando los agentes de la Oficina de Intervención Comunitaria tuvieron conocimiento que una familia de origen rumano dejaba toda las mañana a un niño de dos años solo en un piso situado en el número 32 de la calle Marcelino Usera para ir a trabajar.

Los agentes solicitaron la presencia del Samur Social y entonces descubrieron la situación de desamparo de este niño, pero también las condiciones en las que vivían una decena de familias en este inmueble.

Los agentes inspeccionaron sus tres plantas. En la primera comprobaron que vivía un individuo de origen rumano, muy agresivo y conflictivo, que fue luego identificado por alquilar cada habitación o trastero por unos 200 euros. Además, una vez cobraba la mensualidad extorsionaba a los inquilinos para que se marcharan.

También en la primera planta residían otros 9 adultos y dos menores en cuatro habitaciones. En la segunda planta había cinco habitaciones, usadas por 6 adultos y un menor. En la tercera planta había tres habitaciones deshabitadas.

Pero la peor situación se encontraba en el sótano, donde malvivían 9 personas en 10 trasteros reconvertidos en habitáculos de 1,5 metros de ancho por 3 de largo. No tenían baño, por lo que el garaje al que daba el sótano era utilizado para tal fin, por lo que su olor era nauseabundo, según han explicado los agentes, que tuvieron que ir con mascarillas puestas durante la intervención.

En el último mes, el identificado había alquilado nueve de estos trasteros, en los que no había luz natural ni calefacción, y tanto electricidad como el agua estaban enganchados de forma rudimentaria e ilegal. Los arrendatarios, que convivían con gran cantidad de basuras, cables en el suelo y ratas, utilizaban hornillos y calefactores para cocinar y calentarse, sin ventilación ni medidas de seguridad ningunas.

La mayoría de los residentes de este edificio son ciudadanos gitanos rumanos que ejercen de día la mendicidad en las calles de Madrid, salvos dos de ellos, quienes presentaron nacionalidad paraguaya. El inmueble, que pertenece a una entidad bancaria, fue okupado tras no acabarse unas obras de rehabilitación.