Entrevistamos a la abogada Antonia Magdaleno Carmona sobre el futuro del derecho procesal: digitalización, mediación y arbitraje

Antonia Magdaleno Carmona, galardonada con el Premio Extraordinario Fin de Carrera y Licenciada en Derecho con honores, ha forjado una destacada carrera en el ámbito del derecho concursal, procesal y arbitraje. Su enfoque se dirige hacia la defensa de clientes, abordando casos de competencia desleal y bloqueos empresariales. La abogada Magdaleno Carmona es reconocida por su pasión en la resolución estratégica de problemas legales, lo que refleja su éxito como una abogada respetada y exitosa.

 

 

En esta entrevista, Magdaleno Carmona explica los desafíos que enfrentan los abogados en el mundo del derecho procesal, así como su evolución, cambios y regulaciones. En este contexto, afirma que el derecho procesal regula los procedimientos mediante los cuales se ejerce la jurisdicción del Estado para resolver conflictos y aplicar el derecho. Además, destaca que se encarga de establecer las normas y principios que rigen el desarrollo de los procesos judiciales, administrativos y arbitrales, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de las partes involucradas.

 

 

La misma que en cualquier otro ámbito del derecho, el estudio constante y la búsqueda de la excelencia en el trabajo. Además, el derecho procesal es el “camino” para que una empresa o una persona consiga el objetivo buscado con su demanda, sin un profesional que domine todos los vericuetos de ese camino obtener el éxito es muy difícil.

 

 

Uno de los principales desafíos es la acumulación de trabajo con la que se encuentran nuestros juzgados y tribunales porque resulta evidente que la justicia lenta deja de ser justicia y, por desgracia, en nuestro país está dejando ya de existir una justicia ágil.

 

 

La eficiencia está disminuyendo día a día debido a la acumulación de trabajo, como decía anteriormente, y con tal cantidad de trabajo, es muy complicado también que las resoluciones judiciales den solución a las reales necesidades sociales. Si, por ejemplo, una empresa comete actos de competencia desleal frente a otra y le causa unos daños de millones de euros y la sentencia firme -ya en el Tribunal Supremo- solo llega 5 ó 6 años después de iniciado el procedimiento, probablemente ese daño sea ya irreparable.

 

 

La reciente modificación llevada a cabo por el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, va en la línea de agilizar muchos trámites procesales, dando prioridad a la celebración de la mayoría de actos judiciales mediante medios telemáticos y facilitando el acceso de profesionales y ciudadanos a sus expedientes judiciales informatizados. Creo que son cambios muy positivos.

 

Asimismo, se debería incentivar todo lo posible los ADRS (Alternative Dispute Resolution), en especial haciendo obligatoria la mediación previa al proceso judicial y dando prioridad al arbitraje. Con ello, los órganos jurisdiccionales quedarían mucho más liberados y muchos problemas judiciales de las empresas se resolverían con mayor celeridad.

 

 

Estoy convencida de que la digitalización y el uso de los medios electrónicos han llegado para quedarse en nuestros procedimientos y, también, que al igual que sucede ya en otros países, como Inglaterra, EEUU, Perú, México o Argentina, el arbitraje irá ganando terreno cada día más en el ámbito de nuestro país.