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Jueves, 11 de enero de 2018

Propuesta equivocada

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La sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los problemas más graves al que nos enfrentamos. Su solución no solo es compleja desde el punto de vista técnico sino que requiere grandes dosis de diálogo, negociación y acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales. La propuesta de resolverlo con una imposición finalista al sector bancario lanzada por Pedro Sánchez no solo es ineficaz, pues no logrará el objetivo que persigue, sino demagógica, como quedó claro en su justificación como una suerte de venganza por las ayudas recibidas tras la crisis financiera. Lo último que necesita nuestro sistema de pensiones son soluciones de inspiración populista.

Los ciudadanos observan con inquietud el deterioro creciente de las cuentas de la Seguridad Social. La intranquilidad es tanto mayor cuanto que el debilitamiento financiero de la Seguridad Social coexiste con la evolución favorable del empleo, del número de afiliaciones. Es así porque el empleo que se está creando es de baja calidad, dada la temporalidad dominante en los contratos de trabajo y el reducido salario medio de los nuevos empleados. A ello hay que añadir la evolución demográfica de nuestro país, con un envejecimiento creciente que en modo alguno favorece el necesario aumento de la relación entre cotizantes y pensionistas. Frente a ello es de todo punto necesario actuar ya.

 

Las decisiones a adoptar deben operar sobre distintos ámbitos, desde las destinadas a mejorar la calidad del empleo que se crea hasta la eliminación del fraude en las contrataciones, sin olvidar eventuales ampliaciones en la edad de jubilación o elevaciones en los topes de cotización.

 

Pero sin menoscabo de esas actuaciones, es necesario asumir que cualquier desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social será soportado por los presupuestos públicos. Ello significa admitir que la recaudación de impuestos debe incrementarse para satisfacer esa prioridad inexcusable.

 

Lo que no es razonable es definir un impuesto específico que recaiga sobre un sector concreto de la economía. Mucho menos justificarlo como una contrapartida a las ayudas públicas que han recibido los bancos en la gestión de la crisis financiera.

 

Cuestión distinta es la introducción de gravámenes sobre determinadas actividades, como las que deterioran el medio ambiente o la actividad excesiva de determinadas transacciones financieras y especulativas, como la tasa aprobada por numerosos Gobiernos y pendiente de aprobación definitiva en la UE cuyos orígenes se remontan a la demonizada tasa Tobin. La propuesta del FMI en 2010 de un impuesto a la banca tenía como fin la constitución de un fondo para atender futuras crisis de solvencia de esas entidades, no para atender las pensiones.

 

El necesario aumento de los ingresos fiscales para garantizar los compromisos de la Seguridad Social no tiene por qué concretarse en impuestos finalistas. Existe recorrido suficiente en la mayoría de las figuras tributarias existentes para garantizar la generación de ingresos. La definición de esos medios, de la elección de las figuras tributarias para satisfacer el objetivo de suficiencia, debe ser el objeto de un debate inaplazable entre los representantes parlamentarios.

 

Las fuerzas políticas deberían ser conscientes del tiempo perdido. La reanimación de la Comisión del Pacto de Toledo tiene que empezar por explicitar el compromiso de atención a los compromisos actuales y futuros sobre las pensiones. Ese debe ser el punto de partida, y no las proclamas populistas de penalización a un determinado sector que terminan debilitando el objetivo perseguido y erosionando la credibilidad de quien lo propone.

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