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Jueves, 14 de diciembre de 2017

Ni impunidad ni indulto posible

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En uno de los habituales quiebros que forman parte inveterada del PSC, Miquel Iceta defendió ayer abiertamente el indulto para Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva. Se trata de una posición improcedente, hipócrita e irresponsable.

Improcedente porque la causa de los cuatro dirigentes separatistas sigue en curso y la medida de gracia sólo sería posible en el marco de una sentencia judicial. Hipócrita porque procede del líder de un partido que en el Parlament alzó la voz contra el atropello a la legalidad perpetrado por parte del Govern del que formaban parte Junqueras y Forn. E irresponsable porque el primer secretario del PSC solicita el perdón para quienes no sólo están acusados de delitos gravísimos, como los de rebelión y sedición, sino que se han mostrado incapaces de renunciar de forma taxativa a la vía unilateral. No han cerrado la puerta a reincidir en las acciones que les han llevado a ser encarcelados, por lo que no cabe más que respetar la acción de la Justicia y exigir la depuración de responsabilidades.

 

El guiño de Iceta al soberanismo no sólo es un peaje a su estrambótica confluencia electoral con Unió. En realidad, delata la estrategia del PSC de presentarse como una fuerza transversal, capaz de pactar con todos. Los socialistas catalanes buscan distanciarse de Ciudadanos bajo el subterfugio -expresado por el propio Iceta- de que «el constitucionalismo no suma». Pero pese a su respaldo al 155, el PSC regresa así al viscoso terreno de la ambigüedad. Se trata de una maniobra electoralista que, en todo caso, aleja a esta formación de su cacareado y quebradizo respaldo a la Constitución. 

 

"En este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político", aseguró ayer Iceta en un coqueteo verbal con el latiguillo recurrente del independentismo sobre los presos políticos. Lo que debería producirse en Cataluña es una restauración completa de la normalidad. Un objetivo inviable mientras el secesionismo siga usando los medios públicos como aparato de propaganda. A la obscena difusión en TV3 de los actos de Puigdemont en Bélgica se sumó ayer el expediente sancionador que ordenó abrir la Junta Electoral a Catalunya Ràdio por la manipulación editorial en su programa matinal. Que sea la Junta Electoral la que tenga que corregir el declarado y repudiable sesgo informativo en los medios públicos catalanes señala las deficiencias de las medidas ejecutadas al amparo del 155. 

 

Tras la intervención de la Administración catalana, ni es aceptable que TV3 siga siendo una máquina propagandística al servicio del embuste de los secesionistas ni que Elsa Artadi, que sigue siendo alto cargo de la Generalitat, ejerza de jefa de campaña de Puigdemont. Son las onerosas consecuencias de haber aplicado un 155 prácticamente limitado a la convocatoria electoral del 21-D.

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