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Martes, 12 de diciembre de 2017

Sijena: cumplir la ley no es opcional

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No sorprende que los mismos que llevan años instalados en el desprecio a la legalidad hayan dicho tantas barbaridades sobre el traslado de los bienes artísticos de Sijena al monasterio oscense. Los independentistas catalanes tiraron de argumentario ayer para tratar de sacar algún rédito electoral inflamando el sentimiento victimista y difundiendo falsedades sobre el artículo 155. El fugado Puigdemont incluso denunció que el Gobierno español se apropiaba de "un botín de guerra".

Estamos ante uno de esos casos que despiertan una gran visceralidad en la parte de la opinión pública directamente concernida y que se prestan fácilmente a la manipulación de políticos sin escrúpulos. Pero la realidad es que la devolución del casi centenar de obras que componen el tesoro artístico desde Cataluña al monasterio de Villanueva de Sijena era de obligado cumplimiento porque así lo ha decretado la Justicia en sucesivas sentencias desde el año 2015. Y nadie, por difícil que les resulte comprenderlo a los secesionistas, está por encima de la ley. De hecho, el Ministerio de Cultura -que hoy asume en funciones las competencias de la Consellería catalana- se ha limitado a colaborar con los tribunales, como no puede ser de otra forma, sin entrar a valorar un asunto que le ha sobrevenido por la dejación de responsabilidades, cuando no directamente por la obstaculización judicial, de los últimos cargos de la Generalitat.

 

Aquí no se libraba ninguna batalla entre Aragón y Cataluña. Y nada tiene que ver este caso con el problema independentista. No se puede falsear la realidad:las obras no han vuelto al lugar que les corresponde como castigo o represalia por el intento golpista del Govern destituido. Lo han hecho porque ya en abril de 2015 hubo una primera sentencia de un Juzgado de Primera Instancia de Huesca que daba la razón al Ayuntamiento oscense de Villanueva de Sijena en el litigio contra la Generalitat que había comenzado a finales de los años 90. Aquel fallo dejaba claro que los acuerdos de compraventa de las obras en 1983 entre las monjas que las custodiaban y la Administración catalana eran nulos de pleno derecho. Y obligaba a la Generalitat a su devolución.

 

Desde entonces, se han sucedido los recursos, y distintas sentencias han insistido en lo mismo. Pero el Gobierno catalán ha hecho del asunto otra de sus banderas victimistas y se ha acomodado en el desacato, desoyendo todos los ultimátums de la Justicia. De hecho, en un alarde de cinismo y de obstrucción al ordenamiento legal, en 2016 la Generalitat devolvió la mitad de las obras que debía entregar a Aragón, arrogándose la potestad de decidir unilateralmente de qué piezas y cuándo desprenderse. 

 

Una burla más en todo este largo proceso, en el que ha faltado diálogo entre las dos comunidades afectadas y ha sobrado irresponsabilidad. En todo caso, que al fin se haya cumplido la Justicia es una buena noticia.

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