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Jueves, 7 de diciembre de 2017

No es el momento de la reforma constitucional

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En tiempos de crisis institucional es imprescindible, como exige la prudencia política, recuperar los valores sobre los que se reinstauró la democracia española después de 40 años de dictadura. Y qué duda cabe de que fue la búsqueda consensuada de un proyecto común para toda la nación española lo que inspiró a los constituyentes en 1977 y lo que ratificó por amplísima mayoría la ciudadanía española el 6 de diciembre del año siguiente.

Lamentablemente, como se pudo constatar ayer, ese escenario resulta hoy imposible. Tanto el independentismo como el populismo actúan como dos elementos que trabajan para disolver no sólo la arquitectura legal e institucional que ha permitido el más profundo y prologando periodo de estabilidad y bienestar de nuestra historia reciente, sino a la nación misma.

 

En estas circunstancias, resultaría estéril y frustrante iniciar un debate para la reforma de la Carta Magna. Mientras continúe abierta la crisis provocada por el golpe secesionista de septiembre y octubre, que ha obligado a la aplicación del artículo 155, España no estará en disposición de abordar ese debate de manera fructífera. Pero incluso en estas circunstancias, es necesario constatar que, una vez más, la Constitución de 1978 ha demostrado ser una eficaz herramienta para hacer frente a quienes pretenden destruirla. De la misma forma que fue capaz de resistir los envites del terrorismo etarra y de quienes irrumpieron militarmente en el Congreso el 23-F, el Estado no ha necesitado recurrir a soluciones fuera de la ley, sino escrupulosamente legales, para detener el golpe independentista. El artículo 155 se ha confirmado como un recurso eficaz para salvaguardar la integridad territorial y la estabilidad política del país.

 

Es cierto, no obstante, que a punto de cumplir 40 años, el texto constitucional necesitaría algunas modificaciones para adecuarse a la realidad política, social y económica de la España actual. Pero tales cambios deben tener como finalidad reforzar el Estado y acabar con los debates que ponen en cuestión la propia identidad de España como una nación integrada en un proyecto superior como es la UE. Por tanto, para empezar a hablar de una posible reforma debe tenerse en cuenta ese nuevo marco internacional, en el cual España ha cedido parte de su soberanía en aras de una mayor integración continental. Se debe, además, atajar definitivamente la pulsión separatista, contraria a los valores europeos. Por último, se ha de afrontar la iniciativa desde el más amplio consenso posible sobre las cuestiones básicas a debatir. Sería imprudente, como pretende en solitario Pedro Sánchez, hacerlo precipitadamente. Aprovechar con fines electoralistas la actual crisis para cuestionar todo el sistema sería hacer el juego a los independentistas.

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