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Miércoles, 6 de diciembre de 2017

Otro proyecto

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En la recta final hacia sus cuarenta años de existencia, nunca como ahora se ha sometido a la Constitución española a un cuestionamiento tan pronunciado. De la mano de la gran recesión y la corrupción llegó a España una crisis política que ha dejado el campo abierto a populistas y ultranacionalistas que creen ver en el texto de 1978 el principio de todos los problemas de representación y organización política que sufre actualmente el país. Eso no es cierto.

Es una vieja tendencia de nuestro país la de derribarlo todo cada cierto periodo de tiempo con una voluntad autodestructiva que nos ha causado grandes daños en el pasado. También hoy se escuchan voces que nos invitan al borrón y cuenta nueva. No es eso lo que necesitamos. No hay ningún sistema que dinamitar en España. Al contrario, disfrutamos de un envidiable entramado democrático que necesita ser cuidado, revisado y reformado para prolongarlo y mejorarlo.

 

La Constitución española es fruto de un raro consenso político en un momento histórico en el que una nación entera que salía de una dictadura diseñaba un proyecto de país unido por los valores que recoge su primer artículo, un Estado social y democrático de Derecho basado en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Su promulgación, ya se ha dicho, ha servido de marco legal a un país cuyo desarrollo económico y social ha avanzado a velocidad de vértigo en apenas cuatro décadas. Hoy, en su 39º aniversario, es evidente que necesita una puesta al día. Hace años que distintas voces, entre ellas la de este periódico, piden una revisión capaz de adaptar el texto a la realidad actual y reducir algunas tensiones, como las territoriales. Sin embargo, de la misma manera que la Constitución no es la culpable de todos los males políticos que nos aquejan, tampoco su reforma será la solución de todos ellos. En realidad, son los políticos actuales, los que hoy celebrarán la onomástica en los salones oficiales, los que deberían interpelarse a sí mismos acerca de las razones de tanto cuestionamiento hacia una ley fundamental que solo necesita unos cuantos retoques; a saber, definir la organización territorial, fijar las competencias de las comunidades autónomas, reformar el Senado, incorporar a la Unión Europea como fuente de derecho, acabar con la preferencia del varón en la línea de sucesión de la Corona y poco más. Consenso y cambios mínimos, pero cruciales. Esa debería ser la regla general.

 

No es el consenso de 1978 el culpable de las tensiones nacionalistas y el desencanto de lo político entre los ciudadanos, sino la incompetencia de las fuerzas políticas de hoy. Frente a aquel consenso, en España se ha asentado el disenso, la incapacidad para negociar siquiera la puesta a punto de una buena Constitución que está plenamente alineada con sus homólogas europeas. En un panorama de mayor fragmentación política esa tarea se vislumbra difícil, pero no imposible. Al fin y al cabo, la ausencia de mayorías absolutas obliga a desarrollar una mayor cintura negociadora.

 

El problema es que, enredados en las disputas, los gestores de la cosa pública se muestran incapaces de diseñar un nuevo proyecto de país o entusiasmar en su consolidación, salvo que su plan se sostenga en una trasnochada ensoñación independentista o en una cruzada contra ella. El problema, en fin, no es el artículo 155, sino que se haya tenido que recurrir a su aplicación. Porque es la acción (o inacción) política —y no una Constitución que inscribió en letras de oro las aspiraciones democráticas de este país— la que genera la desafección, la desconfianza hacia la política y las tensiones que han derivado en una grave crisis institucional como la catalana.

 

Es un clamor que el Título VIII de la Constitución sobre la organización territorial necesita una actualización. Su redacción responde a un proyecto, el Estado de las Autonomías, que hoy está desarrollado y asentado. También es un clamor que se necesita un nuevo sistema de financiación autonómica basado en un procedimiento estándar, predeterminado, con poco margen para la arbitrariedad política. Un sistema, en definitiva, que consagre la solidaridad territorial y contente moderadamente a cada autonomía sin generar agravios comparativos. Tampoco resolviendo esta cuestión —no constitucional— se acabaría con las tensiones territoriales, pero los mismos que tanto defienden la Constitución —y la convivencia ciudadana consecuente— aplazan el proyecto permitiendo el ataque directo al marco legal que nos ha garantizado esa convivencia.

 

La crisis catalana, como un cataclismo, ha fomentado la parálisis en unos políticos que parecen incapaces de caminar y mascar chicle a la vez y en esa dificultad se olvidan de la real importancia de su misión: intentar resolver las demandas de los administrados. La financiación autonómica no es una cuestión abstracta que solo compete a los Gobiernos autónomos, ávidos de manejar dinero. Afecta a servicios esenciales como la educación y la sanidad. Pero hay una negligente tendencia a aplazar deberes pendientes; bien sea para atajar problemas cotidianos, bien para retocar un texto constitucional para el que hay suficientes y acertadas propuestas. Su desidia es un factor que daña la convivencia lograda por el aliento constitucional.

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