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Miércoles, 11 de octubre de 2017

Una mascarada que cronifica la coacción al Estado

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Fiel a las resonancias kafkianas de su nombre, el proceso separatista va camino de alargar la pesadilla hasta la última página, que nadie sabe ya cuándo será escrita. Presionado por los sectores más medrosos de su propio partido y acogido a la vaga esperanza de una mediación internacional, Puigdemont evitó ayer declarar unilateralmente la independencia de Cataluña como los más radicales de sus socios esperaban. La farsa continúa: Puigdemont chantajea al Estado y la CUP chantajea a Puigdemont desde la calle.

En un discurso muy medido, el presidente de la Generalitat asumió el fraudulento mandato electoral del 1 de octubre para luego aplazar la declaración formal de independencia a que ese referéndum le obligaría. Lo hizo para no darle a Rajoy el motivo ya inexcusable para suspender la autonomía. Tampoco es descabellado pensar que Puigdemont aún aprecia la libertad. El martirio siempre es más atractivo para los que no lo padecen.

 

Pero no debemos caer en el debate nominalista que interesa al cálculo de los sediciosos. Puigdemont no ha renunciado a la independencia: la ha dejado en suspenso. Solo se deja en suspenso aquello que previa e implícitamente se ha adoptado. Puigdemont no ha dado un paso atrás ni uno adelante: se ha enrocado mientras emplaza a Rajoy a una negociación imposible. Hoy hay Consejo de Ministros extraordinario y por la tarde Rajoy ante el Congreso subrayará su compromiso con la legalidad y su negativa a someterse a chantajes basados en leyes que no existen, como recalcó Sáenz de Santamaría. Pero debe saber que cada minuto que se prolonga este estado de cosas, esta suerte de guerra fría con la Generalitat, se consolida la equívoca imagen de una dialéctica de dos polos en pie de igualdad institucional que solo beneficia al separatismo. El Rey llamó al restablecimiento del orden constitucional: no recomendó enfriamientos tácticos. Rajoy no debe olvidar aquel discurso, como no lo olvidan los españoles.

 

En cuanto al discurso de Puigdemont -plagado de expresiones del tipo: "El mundo debe saber..."-, pronto se hizo evidente que se dirigía a los medios extranjeros. Por una razón: porque en España ya nadie le compra sus mentiras. A excepción del populismo, claro, pero no tanto porque Podemos crea que Cataluña es una nación oprimida que lucha por la emancipación, sino porque comparten el mismo objetivo de subvertir el sistema del 78 que a ellos mismos protege y paga. A todos los pescadores oportunistas les interesan los ríos revueltos. Puigdemont lanzó a las tragaderas internacionales una letanía victimista de posverdades que Arrimadas desmintió contundentemente y cuya compilación desbordaría los límites de esta página. Insistió en la retórica mesiánica del pueblo único y abundó en el espejismo mental del que emana la propaganda circular al uso entre sus doctrinarios mediáticos. Franco tampoco faltó, por supuesto.

 

Pero en un giro abrupto del guión, se desmarcó de la propia legalidad paralela por la que afirma regirse posponiendo sus efectos «unas semanas», cuando le venga mejor. Sus seguidores más fervorosos en realidad no tienen derecho a rasgarse las vestiduras por ello: a un político que declara que «hay democracia más allá de la Constitución» no se le pueden pedir cuentas. Siempre encontrarará una legitimidad alternativa que ampare su capricho coyuntural. Para escapar a esa arbitrariedad hacemos leyes y nos sometemos a ellas. Pero quizá las dos patrañas más flagrantes de su intervención fueron las relativas a la fabulada represión sanguinaria del 1-O, de la que milagrosamente los centenares de heridos se recobraron en horas, y al éxodo empresarial, al que quitó hierro agitando el espantajo del déficit fiscal. Pero es inútil que finja despreocupación cuando grupos tan emblemáticos como Planeta se suman al éxodo y añaden desprestigio y presión sobre su condenado liderazgo que puede acabar en elecciones.

 

A lo largo de la tarde de ayer, un grupúsculo antisistema de ideología delirante y poder incomprensible mantuvo en vilo a una autonomía al borde de perderla, a una nación harta de sobrevivir a sus traidores y a un continente retado por el resurgir de sus peores fantasmas. Fue una prueba de la generosidad de la democracia liberal, capaz de dar cobijo incluso a sus enemigos declarados. Pero también fue el mayor escaparate de un fracaso histórico: el de las élites tradicionales de Cataluña que, llevadas del supremacismo y la codicia, confiaron el futuro de todos los ciudadanos al arbitrio de una tribu radical. Que retrasó el comienzo del pleno subversivo porque no estaba satisfecha con la literalidad de la declaración de independencia. Sospechaba que sus circunstanciales aliados burgueses pretendían evadir su responsabilidad, echando el freno para evitar el choque frontal con el Estado. Chocar es exactamente lo que ansía la CUP.

 

Anna Gabriel se ocupó de evidenciar su decepción. Esperaba una «solemnidad» que no llegó y habló de «oportunidad perdida». Después la CUP anunció que su lucha sigue fuera del Parlament para que no se dé ni un paso atrás. Y cuando la CUP habla de lucha, habla de desórdenes públicos que ya no cabe descartar. Esa fractura en el bloque independentista puede regalar tiempo a Rajoy, pero también pretextos. Y de esta hora entre dramática y grotesca de la historia española, que parece pedir a gritos la resurrección de Valle-Inclán, lo último que deseamos es que se prolongue por culpa de la pasividad, la casuística jurídica y el enquistamiento. No se lo merecen los catalanes huérfanos de legalidad. No se lo merece ningún español atónito que aún conserva la convicción de pertenecer a una vieja nación y a un Estado respetable de la Unión Europea.

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