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Martes, 10 de octubre de 2017

España sigue esperando la reacción de Rajoy

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El solo hecho de que Carles Puigdemont pueda declarar hoy la independencia unilateral de Cataluña, sin que el Estado haya podido frenarle, supone una muestra de la débil y hasta ahora estéril respuesta articulada por el Gobierno de Rajoy. Cualquier declaración de independencia de Cataluña, al margen de su alcance jurídico o temporal, supondría un quebranto inadmisible del marco constitucional que, obligatoriamente, debería forzar de una vez al Gobierno de Rajoy a abandonar las medias tintas y ejecutar las medidas legales oportunas -incluida la suspensión de la autonomía- para restituir el orden legal.

La huida de los buques insignia del tejido productivo catalán, incluyendo para su vergüenza la de cierto empresariado independentista -a lo que se suma el constante goteo de empresas que Fomento del Trabajo cifró ayer por "cientos"-, y la imponente respuesta social de la Cataluña que rechaza la separación han roto los esquemas del golpismo. La marcha del domingo fue descalificada por medios catalanes con argumentos que incurren en una indisimulada xenofobia, poniendo el acento en las personas que llegaron a Barcelona desde el resto del país, llamándolos "turistas" o incluso "inadaptados". Como si los no independentistas no fueran catalanes. Como si Cataluña fuera un asunto ajeno a España. Y como si estos manifestantes no se hubieran pagado el desplazamiento, a diferencia del subvencionado activismo de ANC y Òmnium. Las mismas entidades que hoy han convocado a sus seguidores para blindar la consumación del golpe a las puertas del Parlament. Allí de donde en 2011 la izquierda radical obligó a los diputados a salir en helicóptero.

 

Puigdemont no ha concretado si proclamará una declaración unilateral de independencia o bien optará por la vía eslovena, que consiste en declarar la independencia y suspenderla un tiempo para sobrevivir en el poder y rearmarse. En todo caso, cualquier anuncio que no pase por la renuncia a la secesión supondría un intolerable intento de liquidar la soberanía nacional. Ningún Gobierno puede negociar nada mientras la Generalitat siga vulnerando la Constitución.

 

Por eso resulta incomprensible la falta de reacción del presidente. Los responsables de llevar a Cataluña al borde del precipicio son Puigdemont y sus socios. Pero Moncloa no puede seguir parapetada en la proporcionalidad, porque los actos de la Generalitat son la desproporción en sí misma. Confiar a los tribunales la respuesta al desafío soberanista es una estrategia insuficiente. La vicepresidenta condicionó la aplicación del 155 al consenso. Y el PSOE, tras mucha duda, al fin parece alinearse en esto con el Gobierno. Pero aunque Sánchez fallara, el Gobierno debe aplicarlo.

 

En concreto, intervenir la cúpula de los Mossos se nos antoja imprescindible. Hoy publicamos que violentaron sus obligaciones con el resto de cuerpos de Seguridad del Estado, anteponiendo el servicio al independentismo a su deber durante el 1-O, referéndum ilegal en el que «se involucraron» activamente, según la Guardia Civil. Trapero dio cobertura a la traición. Ya no es posible seguir confiando en su lealtad, como reconoce el TSJC.

 

La prudencia es una virtud en política si no degenera en parálisis. Rajoy sigue sin entender que no basta la acción legal y jurídica para poner coto al avance independentista. Hace falta también liderazgo político y coraje intelectual para hacer uso de todas las herramientas que contempla el Estado de derecho. Los españoles no soportan más humillaciones ni negociaciones bajo cuerda. Lo dejaron muy claro el domingo.

 

Parafraseando a Boadella, el Gobierno debe aplicar un electroshock legal. Nos jugamos no solo la segregación, sino la vigencia de la democracia española. No se especula con la defensa de la ley. Es hora de que el presidente del Gobierno asuma de una vez su propio discurso.

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