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Martes, 3 de octubre de 2017

Rajoy debe aplicar ya el artículo 155

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Ni el sistema de descentralización edificado sobre la arquitectura constitucional del 78, ni las permanentes cesiones de competencias en áreas medulares como la Educación, ni la política de apaciguamiento de los distintos gobiernos ante un nacionalismo de voracidad insaciable. Nada de eso ha servido para poner coto a la deslealtad del independentismo catalán, plasmada en esta grave hora en un desafío que pone en riesgo la convivencia.

Ante ello no caben ya actitudes como la que ayer mostró Pedro Sánchez ante Mariano Rajoy: amables y fútiles invitaciones al diálogo con unos dirigentes cuya felonía les ha llevado a pisotear el orden legítimo. Es un error mayúsculo agrietar el bloque constitucionalista. Sin embargo, la responsabilidad de asumir el mando recae sobre el presidente del Gobierno. Nadie sabe a qué está esperando Rajoy para aplicar las medidas legales necesarias -el artículo 155- para restaurar el marco constitucional en Cataluña, en aras de preservar los derechos y libertades de todos los españoles. Y cuanto más tarde en hacerlo, más pasos habrá dado la Generalitat en orden a consumar la separación.

 

La sola amenaza del president, tras la farsa del referéndum, de someter la declaración de independencia al Parlament supone un anuncio que exige una inmediata respuesta política y jurídica del Estado. Ya no estamos ante meros planes políticos, sino ante un chantaje inaceptable. El domingo se constató que la mayor parte de los resortes del Estado en Cataluña -incluido el cuerpo autonómico de policía- se ha puesto al servicio del delito. Y ello ante la complicidad de quienes agitan la autodeterminación desde el radicalismo antisistema.

 

El Estado recibió ayer el respaldo nítido de Francia, Alemania, Italia y Holanda. Pese a ello, Puigdemont da por "vinculantes" los resultados de la consulta y exige una mediación de la UE. También afirmó que "no le consta" que los soberanistas contribuyan a aumentar la tensión. Se trata de un sarcasmo insoportable, porque es el independentismo el que promueve hoy una huelga política que constituye el enésimo ejercicio de coacción. Junts pel Sí y la CUP prentenden alimentar un clima revolucionario que derive en rebelión. De ahí que Puigdemont exija la retirada de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña, lo que se tradujo ayer en la expulsión de 500 agentes alojados en hoteles de Calella (Barcelona) tras las presiones de la alcaldesa de este municipio. Son las onerosas consecuencias del apartheid secesionista.

 

La Generalitat se va a servir de la mayoría parlamentaria del independentismo en el Parlament para aplicar la Ley de Transitoriedad Jurídica. Esta aberrante norma implicaría, entra otras medidas, la ocupación de los edificios del Estado y la deposición de jueces. Ante tal atropello, el Gobierno tiene el deber de actuar con proporcionalidad y templanza, pero también con absoluta firmeza.

Descartada por ahora la declaración del estado de excepción -que exige la aprobación del Congreso-, el Ejecutivo no puede retrasar más la decisión. La aplicación del artículo 155 le permitiría recuperar competencias fundamentales y preservar el interés general ante la desobediencia de las autoridades catalanas. Pasado un tiempo prudencial, sería necesario convocar elecciones autonómicas. En paralelo, urge que el Tribunal Constitucional evalúe la inhabilitación de Puigdemont y el resto de altos cargos implicados en la insurrección, y proceder a su aprobación. Bien por unanimidad, que sería lo deseable, o por mayoría.

 

Rajoy no puede esperar a diluir responsabilidades en el consenso para ejecutar decisiones como la del 155. Pesa sobre los hombros del presidente la exigencia de encarar el reto más grave al que se ha enfrentado la democracia española. De él no sólo se espera que invoque la ley, sino que articule de una vez un liderazgo político incomprensiblemente ausente. La Nación lo necesita y lo espera.

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