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Domingo, 1 de octubre de 2017

La hora del Estado de derecho y de defender la Constitución

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El referéndum ilegal convocado para hoy por la Generalitat supone la materialización del desafío con el que el independentismo pretende liquidar la soberanía nacional. La consulta no tiene validez, al estar suspendida por el Tribunal Constitucional, y no ofrece las mínimas garantías: no hay junta electoral, ni censo, ni tampoco un sistema fiable de recuento. Sin embargo, se trata del mayor reto al que se ha enfrentado la democracia desde el 23-F.

El golpe orquestado por Carles Puigdemont y sus socios quebranta el marco constitucional y vulnera los cimientos de la democracia representantiva, en la medida en que viola de forma flagrante el orden legal. Ante tamaña felonía, hoy más que nunca cabe reiterar la defensa de la Constitución y de la unidad nacional. Votar sólo es un acto democrático si está amparado en las normas. Por esta razón, el 1-O constituye un inaceptable intento de despojar el derecho de todos los españoles a conservar los que nos pertenece por ley. 

 

La deslealtad de la Generalitat ha llevado el choque con el Estado a una situación límite de consecuencias imprevisibles. El Gobierno empeñó su palabra en que no habría votación. Ciertamente, se le puede acusar de reaccionar tarde, pero no de quedarse inmóvil. Las órdenes de la Fiscalía y las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han desarticulado la logística del referéndum mediante la incautación de material y la desactivación del voto electrónico. También se ha logrado rebajar durante los últimos días la tensión social, que se disparó a raíz de las detenciones de 14 altos cargos del Govern. Y ello a pesar de la narcótica adhesión social que genera la causa victimista del nacionalpopulismo catalán e incluso de la atroz manipulación de los menores para blindar los colegios electorales.

 

ANC y Òmnium considerarían un éxito que acuda a votar un millón de personas. Esta cifra sería muy inferior a los 2,3 millones de catalanes que participaron el 9-N. Pero el solo hecho de que un número considerable de ciudadanos llegue a depositar su papeleta -dando por descontando un triunfo del sí habida cuenta de la movilización del soberanismo- podría llevar al president a proclamar la secesión en los próximos días. Sería un acto gravísimo que obligaría al Gobierno a aplicar el artículo 155. 

 

Si los Mossos, cuyos mandos siguen irresponsablemente flirteando con la ambigüedad, cumplen con su deber, hoy no se abrirán las urnas en Cataluña. A partir de ahí, es previsible que el independentismo canalice su frustración en movilizaciones que, en caso de derivar en violencia, exigirían el recurso a la fuerza.

 

La obligación de mañana es empezar a recomponer los puentes para reactivar un diálogo que sólo es admisible desde la preservación del marco constitucional. La de hoy es impedir, en aras de la libertad y la igualdad de todos los españoles, que el empeño sedicioso del nacionalismo cumpla su viejo anhelo de trocear la Nación.

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