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Sábado, 30 de septiembre de 2017

La última oportunidad de volver a la ley y no hacer el ridículo

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Hoy es el día de reflexión. Hoy sería el día en el que los defensores del «sí», aquellos que quieren romper a Cataluña y romper España, se retirarían a sus sedes para que la ciudadanía pudiese desintoxicarse de meses, años, de continua propaganda. Pero no será así.

Cataluña vive en un estado permanente de movilización propia de los años 30, enrocada en un desafío sin límite a la legalidad democrática y el aparato de propaganda y coacción –persisten los ataques a los alcaldes y ediles socialistas: ayer fue una concejala de Sant Hipolit de Voltregá– continuará.

 

El Estado, fiscales, jueces y policías, siguiendo la orden de suspensión dictada por el Tribunal Supremo, han desmantelado la infraestructura para el referéndum de autodeterminación.

 

La Sindicatura Electoral se disolvió al completo una vez que sus miembros fueron multados, lo que invalida que esta consulta pueda aportar el mínimo resultado vinculante. Siguiendo la consigna de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de Podemos, de toda la izquierda radical, de los que quisieran proclamar la república o acabar con el «régimen del 78» y los independentistas antisistema, mañana será un día de movilización.

 

Una protesta con unas características que hace de esta revuelta un caso especial: ha sido convocada por el propio gobierno de la Generalitat, propagada por él, cuenta con todos los servicios a su disposición y la protección de los mandos de los Mossos d’Esquadra, que son los que deberían velar por el orden público. Así están las cosas.

 

El referéndum técnicamente no se puede realizar y es más que una protesta, es una deslegitimación de la democracia española frente a Europa. La presentación ayer en público de las urnas –opacas cajas de plástico– es una demostración más de que la Generalitat está dispuesta a hacer el ridículo y representar un espectáculo grotesco ante el mundo desvirtuando a toda la sociedad catalana. Parece que no está en la intención de los jefes nacionalistas introducir sensatez y sosiego en esta deriva y que están dispuestos a explotar hasta el final la baza de la propaganda.

 

El Gobierno ha hecho un último llamamiento a la cordura para evitar serios problemas de orden público, pero no ha encontrado respuesta. El mayor de los Mossos ha ordenado desalojar los colegios y cerrarlos antes del domingo a las seis de la mañana.

 

Organizar actividades extraescolares durante todo el día de hoy, incluida la noche, para mantener de esta manera abiertos los centros escolares es una operación irresponsable e indigna. Utilizar niños para mantener abiertos los centros de votación sobrepasa lo admisible. El PDeCAT y ERC están a tiempo de evitar males mayores, de no seguir dañando el edificio de nuestra democracia, de no enfrentar a los ciudadanos catalanes entre sí, pero han optado por la peor opción.

 

Las fuerzas del orden, Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, deben proteger a los ciudadanos de los desmanes de los que quieran prender la mecha de la violencia. Los catalanes sensatos, que son la mayoría, deben dar un ejemplo de responsabilidad y dar la espalda a las provocaciones. La situación no debe llevarnos a engaño: la Generalitat persiste en el enfrentamiento y no está dispuesta a escuchar otra oferta que no pase por la realización de un referéndum de autodeterminación. La institución que representa a todos los catalanes y que fue restituida tras un acuerdo histórico entre Josep Tarradellas y Adolfo Suárez ha sido secuestrada por un grupo de independentistas irredentos. Cataluña se merece mucho más.

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