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Viernes, 29 de septiembre de 2017

Los riesgos del golpe separatista

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Por primera vez, el Banco de España ha incluido la situación política en Cataluña entre los factores de incertidumbre que pueden perjudicar el crecimiento de la economía española en los próximos ejercicios.

Vaya por delante que, hasta el momento, el departamento de análisis que preside el director de Economía y Estadística de la entidad, Pablo Hernández de Cos, no puede ofrecer elementos de comparación que respalden la apreciación, entre otras razones, porque las previsiones publicadas ayer se han hecho sobre los datos del tercer trimestre del año, cuando el desafío de la Generalitat todavía se mantenía en un segundo plano. Pero aún así, el regulador bancario no puede dejar de advertir las señales negativas en el horizonte, que dan cuenta de los primeros retrocesos del consumo interno, sobre todo en Cataluña, con repercusión inmediata en el turismo interior, y de las prevenciones de los mercados internacionales.

 

Textualmente, el boletín señala que «las tensiones políticas catalanas podrían afectar eventualmente a la confianza de los agentes y a sus decisiones de gasto y condiciones de financiación». La crisis separatista se uniría así a la triada que componen la prevista evolución al alza de los precios del petróleo, las consecuencias del Brexit y los cambios anunciados en las políticas fiscales norteamericanas, que podrían desequilibrar los costes de financiación externa, por subida de la prima de riesgo, y frenar en mayor medida de lo previsto el gasto de los hogares españoles, que, actualmente, es el principal motor del crecimiento.

 

La voz del Banco de España no es, sin embargo, la primera que da cuenta del peligro de una deriva indeseable de la provocación golpista en Cataluña. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya advirtió de la paralización de algunas inversiones foráneas en el sector del automóvil, mientras que desde el empresariado catalán se temía que se acentuara aún más la deslocalización de empresas que sufre el Principado. Sin pretender que caigan en saco roto estas advertencias, no en vano el dinero siempre es cobarde y huye de la inestabilidad, que el propio regulador considera «futuribles», lo cierto es que la mejor garantía para conjurar el peligro está en la propia solvencia de la democracia española y en las instituciones del Estado que la respaldan.

 

Ayer mismo, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, confirmó que Cataluña va a recibir de octubre a diciembre 1.971,46 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que supone el 31,7 por ciento del total distribuido entre las nueve comunidades adheridas a esta fórmula, dinero que va dirigido a atender vencimientos de deuda y a pagar directamente a los proveedores de los servicios básicos, educación, sanidad y servicios sociales.

 

Esto es así porque, de momento, la Generalitat no tienen acceso a los mercados de crédito, al menos a intereses razonables, y es el Estado, que sí posee credibilidad y se financia en buenas condiciones, quien respalda las deudas de Cataluña y garantiza su financiación. Es, por supuesto, una acción obligada del Gobierno para con una parte de la ciudadanía española en dificultades, que demuestra la solvencia de España y la fortaleza de sus instituciones. De ahí que, pese al comportamiento de todo punto rechazable de los actuales representantes de la Generalitat, los mercados exteriores hayan mantenido la confianza en nuestro país y en su seguridad jurídica. De la misma manera, la democracia española se impondrá sobre los golpistas, de acuerdo a la Ley y, no hay que dudarlo, dejará las lógicas advertencias del Banco de España en unos «futuribles» no cumplidos. 

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