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Jueves, 28 de septiembre de 2017

La ambigüedad de Trapero pone en riesgo la seguridad

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A falta de tres días para el 1 de octubre, la preocupación en torno al referéndum ilegal convocado por el Gobierno catalán se centra en la seguridad.

La ambigüedad de los Mossos provoca, a estas horas, que la ciudadanía no tenga la certeza de saber si la policía catalana cumplirá fielmente con su deber de preservar el orden público. Una sensación de inseguridad que resulta inaceptable y que es el fruto de la suicida huida hacia adelante de Puigdemont y sus socios.

 

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, continúa jugando al despiste, prestándose así a actuar de correa de transmisión de la deslealtad de sus jefes políticos en la Generalitat. Es cierto que en la reunión de ayer del mando policial, Trapero se comprometió a cumplir las instrucciones de la Fiscalía -y, desde ayer, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que asume las actuaciones- para evitar la consulta de este domingo. Sin embargo, aunque formalmente acata estas órdenes, el máximo responsable de los Mossos continúa parapetado en una temeraria ambigüedad.

 

El director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, aseguró ayer en las redes sociales que la "misión principal" de las policías "es garantizar los derechos, no impedir su ejercicio". Y el propio Trapero alertó que precintar los más de 2.000 colegios electorales, tal como le ha instado el Ministerio Fiscal, afectaría a servicios públicos como ambulatorios de salud o residencias geriátricas.

 

La conducta tanto de Trapero como de sus superiores políticos constituye un ejercicio mayúsculo de irresponsabilidad. Máxime teniendo en cuenta que Interior sí ha accedido a participar en la reunión de la Junta de Seguridad -que en última instancia depende del president-, y que la juez instructora del procedimiento contra los miembros del Govern por prevaricación, desobediencia y malversación ordenó ayer a todos los cuerpos policiales -incluidos los Mossos- impedir el uso de locales públicos para el referéndum, procediendo incluso "al cierre de todos aquéllos que hubieran llegado a abrirse".

 

Trapero debe abandonar la tentación de recurrir a subterfugios para no cumplir de manera diligente con el mandato judicial. La propia misión de los Mossos -ya que la jornada del domingo derivará previsiblemente en una movilización callejera- consiste en frustrar la consulta evitando altercados o conatos de violencia. La Generalitat ya está tardando en renunciar al uso del cuerpo autonómico de policía como arma arrojadiza. La estrategia del separatismo, una vez que su hoja de ruta para el referéndum ha fracaso estrepitosamente, pasa por mantener con vida la ficción del procés -lo que explica la utilización de familias enteras como escudos humanos y la manipulación repugnante de los menores- y presentar al pueblo de Cataluña, que ellos conciben único y uniforme, como víctima de la represión de un Estado autoritario.

 

Aunque algunos medios internacionales, lamentablemente, compran este relato, está lleno de falsedades palmarias. El independentismo ha vulnerado el orden legítimo para sustituirlo por otro sin respetar la legalidad. El Estado de derecho tiene la legitimidad para defenderse de quienes intentan quebrantarlo. Y aunque el uso de la fuerza nunca es deseable, la coacción legítima en la defensa de la democracia corresponde al Estado.En este contexto de abierto desafío, la política debe esperar a la aplicación de la ley.

 

La felonía insurreccional de la Generalitat resulta incompatible con abrir cualquier vía de negociación, por muchos llamamientos que se hagan al diálogo, tal como ayer hizo la Conferencia Episcopal. Los obispos mostraron un melifluo apoyo a la respuesta del Estado y un reproche muy medido al separatismo. Habría sido deseable mayor firmeza, aunque se explica por la propia división en el seno de la Conferencia, con una facción de los sacerdotes catalanes abiertamente entregados al independentismo. El diálogo es imprescindible en democracia, pero siempre dentro del marco constitucional.

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