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Miércoles, 27 de septiembre de 2017

La picaresca del separatismo para burlar la ley

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Aunque el separatismo pretende vestir su desobediencia de tonos épicos, ayer el portavoz Turull volvió a demostrar que el género más descriptivo de sus afanes es la picaresca.

Se escudó en un supuesto "estado de excepción" para no dar más detalles sobre la estrategia con que el Govern quiere burlar la ley y entregar las notificaciones a los ciudadanos escogidos para formar parte de mesas electorales el 1 de octubre. En el calendario paralelo del secesionismo, el plazo para las citadas comunicaciones concluía ayer, así que se supone que 55.000 personas deberían contar ya con su documento acreditativo, tan falso como el propio referéndum.

 

En su insensata huida hacia el banquillo, el gabinete de Puigdemont habría buscado formas alternativas a la distribución postal. Correos, dependiente del Gobierno central, se negó la semana pasada a distribuir las notificaciones, como es natural. Unipost, empresa de mensajería privada contratada por la Generalitat, ya fue objeto de la operación de desmantelamiento de la Guardia Civil. Pero el separatismo trata de mantener viva la ilusión de que la consulta se celebrará. Ese plan incluye, según publicamos hoy, llamadas enigmáticas desde un municipio barcelonés a particulares para que se personen en el consistorio donde les espera la notificación de mesa electoral. En lo que respecta a las urnas, se investiga si la Generalitat podría estar empleando furgones de empresas de alimentación para transportarlas. El toque siniestro entre tanto enredo lo aporta esa circular orwelliana en que el independentismo anima a la gente a convertirse en delatora de aquellos de sus vecinos que no piensen ir a votar.

 

Mientras, la CUP crea unos "comités de defensa" de corte revolucionario. Al Estado corresponderá mantener el orden público y proteger las libertades en Cataluña.
 

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