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Lunes, 25 de septiembre de 2017

Cataluña: sin respeto a la ley no puede haber diálogo

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Pese a la tensión que impone el desafío independentista, entre los agentes sociales, los empresarios han jugado siempre un papel clave a la hora de tender puentes en Cataluña.

Éste es el espíritu que mueve las palabras de Joaquim Gay de Montellà en la entrevista que publica hoy EL MUNDO. El presidente de Fomento del Trabajo rechaza con claridad el referéndum ilegal del 1-O -que ya calificó en verano de "golpe de Estado jurídico"- y respalda las medidas del Estado para garantizar el cumplimiento de la ley. Hay que subrayar su rotundidad en un momento en el que la defensa del orden legítimo está en juego en Cataluña.

 

Lo que propone Gay de Montellà es "recuperar el diálogo" y promover un nuevo Estatuto alrededor de cuatro ejes: reconocimiento de identidad, pacto fiscal, más inversiones en infraestructuras y presencia catalana en organismos internacionales y en el deporte. Ésto último dependería de los distintos organismos rectores del deporte, pero en cualquier caso lo lógico y lo aceptable es que las selecciones correspondan a una nación, en este caso, a la nación española, que es la que señala la Constitución. Sobre el reconocimiento de identidad, creemos que el término de "nacionalidad histórica", tal como contempla la Carta Magna, es una definición ajustada para Cataluña.

 

Por otro lado, la posibilidad de articular un pacto fiscal similar al concierto vasco constituye una medida absolutamente inviable. Primero porque no parece existir el consenso necesario para una reforma constitucional y, segundo, porque generaría un evidente agravio comparativo en el resto de autonomías del régimen común. Cuestión diferente es abordar la renovación del modelo de financiación autonómica, si bien cabe recordar que el modelo vigente fue aprobado en 2009 durante el Gobierno de Zapatero para contentar a Cataluña, que resultó beneficiada en el sistema pactado. Finalmente, sí sería positivo revisar el capítulo de inversiones en infraestructuras, sobre todo, en aquellas como el Corredor Mediterráneo, que presentan un retraso notable y que forman parte de la agenda de prioridades de Cataluña y Levante.

 

Abrir el melón de una negociación para un nuevo Estatuto, a la vista de la experiencia de la reforma del tripartito de Maragall, tensionaría aún más la situación y resultaría estéril. El independentismo ha abandonado la tradicional voluntad pactista de la política catalana para situarse en el desacato. Y la historia de las últimas cuatro décadas demuestra que el chalaneo en forma de concesiones al nacionalismo no sirve para apaciguar la voracidad de partidos que abusan del papel de bisagras que les concede la legislación electoral.

 

La abierta deslealtad de la Generalitat y su contumacia en la desobediencia han dinamitado cualquier opción de diálogo. No puede haber ningún tipo de negociación, ni mucho menos concesión política y económica, a instituciones cuyos dirigentes usan las herramientas del autogobierno para intentar liquidar el mismo. El diálogo no sólo es necesario sino imprescindible en democracia y, desde luego, los empresarios están llamados a jugar un papel constructivo en esta tarea. Pero siempre que medie un respeto escrupuloso a la ley, que es lo que permite armonizar la convivencia y garantizar la igualdad de los españoles. El Gobierno catalán sigue lejos de asumir esta exigencia irrenunciable en cualquier Estado de Derecho.

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