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Sábado, 23 de septiembre de 2017

El despropósito de una consulta sin base legal ni garantías

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Tanto Junts pel Sí como la CUP acordaron una hoja de ruta en los albores de la legislatura que pasaba por convocar un referéndum de autodeterminación con todas las garantías. Ante la imposibilidad legal y material de llevarlo a cabo, el bloque independentista parece dispuesto a no dar marcha atrás en sus propósitos aunque ello suponga, no sólo un desafío al orden legítimo, sino un ataque grave a la convivencia.

Esta es la razón de fondo que explica por qué Puigdemont y sus socios, aupados a cabecillas de un nacionalpopulismo con ribetes totalitarios, siguen porfiando en la intención de llevar a cabo la consulta ilegal del 1 de octubre. Y ello a pesar de la actuación firme y proporcionada del Estado, el aislamiento internacional de la Generalitat y la imposibilidad logística de materializar la votación, tras las operaciones judiciales y policiales de esta semana.

 

En línea con el tono amenazante empleado por el presidente catalán en su última declaración institucional, en la que alardeó de disponer de "planes de contingencia", Puigdemont y Junqueras continúan maniobrando para poder perpetrar el referéndum. El Govern cesó ayer a Josep María Jové, número dos de la Consejería de Economía, con el fin de librarle de la multa diaria de 12.000 euros impuesta por el TC.

 

Sin embargo, el cese no librará a Jové automáticamente de las sanciones, en la medida que el TC examinará antes si ha acatado sus resoluciones, al igual que hará con el resto de afectados. Pero el president no termina ahí sus tretas: también relevó a la Sindicatura Electoral, órgano encargado de supervisar el referéndum, con el fin de sustituirlo por "otros entes de observación".

 

Esta ocurrencia, que no pasaría el mínimo filtro de garantías democráticas, acredita que el Govern se ha instalado por completo en la irresponsabilidad. ¿Puede la Generalitat celebrar una consulta si la propia Generalitat renuncia a disponer de una Junta Electoral?

 

Huelga decir que este despropósito es aún mayor teniendo en cuenta la incautación de material para la votación practicada esta semana, lo que hace materialmente imposible la logística de la votación. Es evidente que, bloqueado el 1-O política e institucionalmente, al independentismo sólo le resta avivar la presión social.

 

De ahí la llamada a la agitación del brazo callejero de Puigdemont y las escandalosas e impúdicas muestras de adhesión al independentismo -bajo el subterfugio de una épica lucha por los derechos civiles- desde la universidad o la escuela pública, recintos que deberían quedar libres de la contaminación partidista.

 

La atroz manipulación del tejido social y de parte de la opinión pública internacional en la que se apoya el secesionismo lleva a escenas preocupantes -como la movilización de menores envueltos en la estelada- o a presumir del pago de las nóminas a los funcionarios por parte del Govern cuando en realidad se debe a un anticipo de Hacienda.

 

Pero es, precisamente, este clima de tensión el que ya ha provocado disturbios intolerables, al tiempo que ha generado una lógica inquietud en la ciudadanía. Interior ha reforzado el dispositivo policial en Cataluña dadas "las movilizaciones tumultuarias". Este calificativo no es casual.

 

El artículo 544 del Código Penal, que recoge el delito de sedición, señala explícitamente a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad". Y, precisamente, la Fiscalía presentó ayer una denuncia por sedición por los altercados ocurridos durante la operación policial del miércoles.

 

La denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto, pero es evidente que tanto la ANC como Òmnium llevan días impulsando algaradas y organizando el relevo de activistas en las calles. Y ayer, los líderes de estas dos entidades desafiaron la denuncia por sedición llamando a nuevas movilizaciones. Frente a ello no cabe más que exigir la aplicación de la ley, en aras de evitar agresiones violentas. La Generalitat se encuentra cercada por su incompetencia y deslealtad.

 

No es el Gobierno ni la Justicia ni la Policía los que ponen en riesgo el autogobierno catalán. Es Puigdemont quien abusa de Cataluña para imponer su quimera separatista. Quien cierra la puerta al diálogo es el que persiste en un referéndum suspendido por el TC. Renunciar a esta convocatoria, cuyo fin es trocear la soberanía nacional, y regresar a la senda de la ley son dos exigencias ineludibles. Primero para evitar que un conflicto de índole política degenere en desórdenes públicos. Y, segundo, para recomponer las relaciones institucionales dentro del marco constitucional.

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