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Viernes, 22 de septiembre de 2017

El diálogo que necesitamos

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La difícil situación provocada por el desafío independentista en Cataluña, que ha forzado instantes dramáticos con la detención de 14 altos cargos, el registro de decenas de oficinas del Gobierno autonómico y una movilización callejera auspiciada desde la Generalitat y las entidades soberanistas va a seguir requiriendo numerosas actuaciones policiales y judiciales en los próximos días, semanas y meses.

Prueba de ello, el Tribunal Constitucional decidió ayer imponer multas significativas a los miembros de la Sindicatura que organiza el referéndum, mientras que el juez de instrucción número 13 de Barcelona y la Guardia Civil prosiguieron la operación lanzada el miércoles a la vez que el Govern hacía pública una página web con indicaciones sobre dónde votar.


La cadena de acciones judiciales, policiales y gubernamentales, por tanto, prosigue su ritmo mientras nos acercamos al 1 de octubre, como no podía ser de otra manera en un Estado de derecho democrático. Pero los avances en la restauración de la legalidad y del respeto a la Constitución, tan incómodos para todos como necesarios y urgentes ante un golpe a la soberanía nacional como el que vivimos, no pueden sustituir en el momento adecuado el valor de la política y el ejercicio del diálogo democrático. Y queremos subrayar lo del momento adecuado. En política, el diálogo es, obviamente, una necesidad y una obligación a la vez. Pero las apelaciones genéricas al diálogo, sin antes fijar sus objetivos y límites, no solo son inútiles a la hora de resolver los problemas sino que pueden generar expectativas erróneas que dificulten aún más su resolución. Puigdemont, por ejemplo, señala constantemente su disposición al diálogo, pero se desmiente a sí mismo acto seguido cuando afirma que el único fin posible de ese diálogo es un referéndum de secesión.

 

En otros ámbitos, se recurre con demasiada frecuencia al diálogo como recurso fácil para ocultar su debilidad y falta de ideas. Un diálogo así —bien sea como una trampa o un latiguillo— solo conduce a engañar a la opinión pública, a la frustración y a alargar el conflicto.

 

Para que el diálogo pueda iniciarse y dar frutos y no se convierta en un mantra sin contenido al que agarrarse cuando no se tiene nada más que decir son necesarias algunas condiciones. Primero, ese diálogo solo procurará un marco para solucionar el grave desencuentro que hoy enfrenta a una buena parte de la sociedad catalana con el resto de España cuando se acepte de antemano y se reconozca la legitimidad del Estado de derecho y la democracia para restablecer la legalidad que quedó dañada en Cataluña el 6 y 7 de septiembre. Solo a partir del regreso claro al respeto a la ley, podremos iniciar un diálogo maduro, sereno y constructivo que asuma la misión de hacer avanzar a este país hacia un nuevo marco de estabilidad.

 

Segundo, el único diálogo realista será el que se estructure en cauces institucionales y transparentes, el que asuma un horizonte temporal amplio —necesario ante la dimensión del desafío— pero también con una cierta acotación razonable; y que persiga un mínimo común denominador que debe incluir la pacificación, la lealtad a la legalidad, y sin duda el encaje satisfactorio de Cataluña en una España reformada.

 

Tercero, si el conflicto político se ha convertido en social, con miles de manifestantes intentando frenar en las calles la actuación de la justicia y con capas de población catalana movilizadas contra la pertenencia a España, es obvio que es necesario reconquistar los afectos e incorporar a los sectores más amplios posibles de la sociedad a un proyecto de transformación común. Tan cierto es que las leyes deben cumplirse como que las Constituciones y Códigos Penales no pueden moldear un país como una foto fija. Hay que utilizar las herramientas existentes para una reforma que necesita fundamentalmente la lealtad a una convivencia pacífica al amparo de la legalidad. El diálogo del que hablamos requerirá, en resumen, tiempo; un mínimo de objetivos compartidos claros; lealtad al bien común por parte de todos los líderes autonómicos; y amplitud de miras para abordar cambios, desde una reforma de la Constitución hasta la financiación autonómica, como ayer sugirió Guindos. Seguramente, un verdadero diálogo para la reforma de nuestras estructuras requerirá también una renovación de los actuales interlocutores: se hace difícil pensar que quienes han violado abiertamente la legalidad o quienes han bloqueado en el pasado cualquier opción de cambio puedan conducir este proceso.

 

Este diálogo no puede emprenderse aún, y nunca podrá emprenderse antes de la restauración inequívoca del Estado de derecho en Cataluña, pero lo que sí puede comenzar pronto es la iniciativa política para sentar sus bases. Es importante decirlo. Y más aún hacerlo. El país lo necesita.

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