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Miércoles, 20 de septiembre de 2017

Donde más duele

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Después de que el viernes el Consejo de Ministros diera 24 horas a la Generalidad para que entregara semanalmente los documentos de pago como venía haciendo desde julio, Hacienda no ha parado de tomar medidas con el objetivo de cortar cualquier grifo de dinero que vaya a parar a poner en marcha el ilegal referéndum. Entre ellas, los pagos que realicen los altos cargos del gobierno de Cataluña con las tarjetas de crédito.

Además, el lunes se reunían técnicos del ministerio con representantes del sistema financiero para explicarles, como se aprobó el viernes, que no pueden realizar ningún pago de la Generalidad sin la supervisión y emisión de un certificado de la Intervención General y que de pretenderse debían comunicarlo a la Fiscalía. También según algunas fuentes, el departamento de Montoro estaría vigilando ya a algunos altos cargos por alzamiento de bienes.

 

La cuestión es que el plazo de 24 horas ya se ha cumplido y lo que ha hecho Junqueras es recurrir la orden del gobierno. Se trata lógicamente de ganar tiempo, puesto que ya hicieron lo mismo con las medidas extraordinarias de julio. En ese caso, el Supremo ha dado la razón al gobierno. Quedan muy pocos días para el 1 de octubre y los soberanistas siguen con su plan y el ejecutivo respondiendo con estas medidas de tipo económico interviniendo las cuentas y los pagos con tarjeta o mediante los bancos y también de tipo político incautándose de todo el material de imprenta referente a la consulta ilegal. Por supuesto, el material se ha impreso en empresas que ahora serán investigadas para llegar al final de cómo se ha pagado ese trabajo y ese material. 

 

Hay que recordar que la declaración de ilegal del referéndum por el Tribunal Constitucional no se limitaba sólo al hecho de la consulta sino a su publicación o cualquier tipo de participación en su publicidad tanto pública como privada. Por tanto, las empresas que hayan contribuido a la impresión del material incautado, carteles y demás, son responsables y habrán de pagar por ello.

 

Vamos a ver si en los próximos días la justicia se pronuncia ante el más que evidente incumplimiento de los acuerdos del consejo de ministros del viernes. Cabe recordar que entre esos acuerdos figura que el gobierno tomaría las riendas de todos los gastos de la Generalidad y no sólo los relativos a los servicios públicos esenciales y funcionarios. Por cierto que hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro acudirá al Congreso de los Diputados para explicar todas las medidas adoptadas para evitar que un sólo euro público se gaste en el referéndum ilegal.

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