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Martes, 19 de septiembre de 2017

Obedézcanse a sí mismos

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El pulso que se está librando en Cataluña a cuenta del referéndum inconstitucional y antiestatutario convocado por el Gobierno de la Generalitat para el primero de octubre proviene de un órdago político, y este de una historia de graves desencuentros políticos.

Pero se plasma también a través de mediaciones jurídicas, leyes, apariencias de leyes, reglamentos, aplicación de normas. Porque de lo que se trata es de si sobrevive o no —en Cataluña y en cierta manera en toda España— el Estado de derecho y las normas democráticamente consensuadas, o sus contrarias.

 

Por eso cada cuestión jurídica, cada medida de ejecución y aplicación de las normas, de las sentencias y las demás medidas judiciales, tiene a su vez un impacto político muy notable. El Govern publicó finalmente ayer —tras un prolongado e inaceptable retraso— las resoluciones del Tribunal Constitucional suspendiendo las leyes de ruptura (referéndum y transitoriedad) y las consiguientes prohibiciones de darles cumplimiento, así como las correspondientes admoniciones a quienes desobedezcan de sus eventuales responsabilidades jurídico-penales.

 

Así que la falaz excusa blandida por algunos, según la cual dichas resoluciones no habían entrado en vigor al no haberse publicado ni recibido oficialmente, deja de tener cualquier verosimilitud, por escasa que fuese.

 

Pero hay algo más. Al cumplir la orden de dar publicidad a las resoluciones del alto tribunal, el Govern viene a ejercer un reconocimiento de las mismas, sometiéndose a la autoridad de quien las emitió. Y en virtud del principio jurídico según el cual nadie (y menos aún una Administración) puede actuar contra sus propios actos, el Govern viene obligado —autoobligado, si se quiere— a cumplirlas. Es decir, a desconvocar oficialmente todos los actos, actuaciones y medidas adoptados para la organización de la consulta.

 

De lo contrario, revela que no únicamente incumple los legítimos mandatos superiores, sino también que se desobedece a sí mismo, alcanzado el máximo descrédito posible. Y por tanto, como han subrayado todas las asociaciones de jueces, que ha dejado de ser autoridad y es, en consecuencia, susceptible de ser desobedecido.

 

Esta reflexión, cuando simultáneamente se continúan celebrando mítines ilegalizados, la sindicatura electoral sigue dando instrucciones desde algún lugar secreto, y persiste el desafío cibernético y propagandístico al Estado de derecho, podrá parecer ingenua a estas alturas. Lo sería si se confiase exclusivamente en estos tecnicismos para exigir el cumplimiento de la ley. Pero la democracia es un sistema de toma de decisiones complejas, en el que las medidas de fuerza para defenderla de quienes pretenden destruirla deben de ir acompañadas de otros pasos menos rotundos que sirven para cargarse de razón. Orientados siempre por el principio de que las medidas que tome el poder democrático deben guiarse por el mandato de no generar más perjuicios de los que se evitan, igual que hoy es conveniente recordar que la Generalitat incumple su propio BOE, mañana será preciso obligar a hacerlo con toda la fuerza coercitiva que sea necesaria.

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