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Lunes, 18 de septiembre de 2017

Reconciliar

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La exposición "Las edades del hombre", que con tanta sensibilidad artística recorre Castilla-León, y que este año ha recalado en la bellísima Cuellar, lleva el premonitorio nombre de "Reconciliare", ese empeño al que van a tener que dedicarse instituciones y ciudadanos para, una vez pasada la insumisión soberanista, recuperar la convivencia perdida.

Lo que no quiere decir que, en estos momentos de máxima tensión, la obligación del Gobierno de Rajoy no sea otra que la de mantener el orden democrático, hacer cumplir la ley y evitar un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. Por errores evidentes y graves, relatados hasta la saciedad, el Ejecutivo central perdió, hace ya tiempo, la batalla de la comunicación política y corre ahora el riesgo de que sus continuas amenazas pierdan cualquier poder coercitivo. Y lo malo es que arrastre el prestigio del Tribunal Constitucional, que ve como se incumplen sus sentencias.

 

Porque, de momento, no se ha publicado la suspensión cautelar de la ley de secesión que dibuja las líneas de una "republica catalana" en el boletín oficial de la Generalitat como es obligado; porque el cierre de la pagina Web con la propaganda de la prohibida campaña electoral se cerró por orden judicial y la Generalitat la volvió a abrir una hora después; porque la presión sobre los alcaldes que no cederán locales para la consulta ilegal no cesa; porque el primer mitin de la campaña electoral se celebró en Tarragona pese a todas las advertencias al dueño del local sobre su responsabilidad penal.

 

¿Conocían en Moncloa todas las estrategias políticas preparadas por la Generalitat para llevar hasta sus últimas consecuencias el desafío soberanista? ¿Tienen previsto la posibilidad de que el día 2 de octubre, con un mínimo de papeletas recogidas en urnas de cartón, Carles Puigdemont declare la independencia?

 

Y el control de la legalidad se complica ante el último giro de Ada Colau que "obligada" por el Consorcio de Educación cede las escuelas para el referéndum y ha recibido junto al presidente de la Generalitat a los alcaldes citados por la fiscalía, cerca de setecientos, en un acto de clarísima toma de partido.

 

Mariano Rajoy dejó caer el viernes, de forma ambigua, la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, al decir que "nos van a obligar a llegar a donde no queremos". En cualquier caso y como paso previo a esta gravísima decisión política, Montoro ya ha intervenido las cuentas de la Generalitat y será el Estado el que pague a los funcionarios catalanes, incluido Puigdemont, a partir de ahora.

 

Pero, cuando la legalidad se imponga, quedará la ardua tarea de reconciliar a la sociedad catalana con el Estado porque las heridas de la batalla van a ser profundas y, al margen de los miembros de la CUP o de Junts pel Si, hay en la ciudadanía de Cataluña una profunda desafección hacia el resto de España, un mayoritario sentimiento de no pertenencia. Todos, instituciones, partidos políticos, poder judicial y también el pueblo soberano tenemos que lograr recuperar la convivencia. Nos va la democracia en ello.

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