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Domingo, 17 de septiembre de 2017

Doble autoridad

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Diez días después de aprobarse fraudulentamente la primera de las llamadas leyes rupturistas de desconexión en el Parlament, Cataluña vive una situación contradictoria y desconcertante de doble autoridad y doble legalidad. Por un lado, para casi todos los aspectos de la vida cotidiana, rige el ordenamiento democrático.

Se cumplen la Constitución y el Estatut y toda la normativa derivada. Pero para la vida política, el funcionamiento institucional y la radiotelevisión pública autonómica rigen otras reglas, legítimamente suspendidas por el único que puede hacerlo, el Tribunal Constitucional, y en virtud de cuya suspensión todo incumplimiento constituye un acto ilegal. No es que haya dos legalidades paralelas, de similar legitimación, entre las que pueda elegirse la más conveniente, como si se tratase de un menú entre opciones de ofertas equivalentes. Porque legalidad democrática solo hay una, la derivada del bloque jurídico de constitucionalidad: Constitución y Estatut. Pero esta viene coexistiendo en la práctica con una apariencia de institucionalidad, con un espejismo de normativa, una fantasmagórica legalidad alternativa basada en los hechos consumados, el golpe parlamentario (prolongado en cierre de la Cámara) y el desacato al Estatut.

 

Los impulsores de esos hechos pretenden culminarlos en una proclamación unilateral de independencia que atenta frontalmente contra el derecho interno e internacional. Y que llegaría tras la pretendida celebración de un referéndum ilegal, huérfano de requisito democrático alguno. Y cuya celebración sería imposible en ninguno de los países de la Europa democrática continental, pues sus Constituciones prohíben sin excepción tal experimento. Digámoslo con claridad una vez más: el derecho de autodeterminación que exigen los independentistas no está reconocido en ningún país democrático del mundo.

 

Pero si la ilegalidad del invento está bien establecida y no hay dudas sobre ella —ni siquiera entre los secesionistas, aunque solo la admitan en la intimidad—, todas las asociaciones de jueces, que tanto discrepan en muchos asuntos, acaban de remarcarlo, señalando que un Gobierno que ordena incumplir la ley carece de legitimidad y deja en ese momento de ser autoridad: y que los ciudadanos pueden y deben resistirse a sus dictados. El Govern se parapeta detrás de su poder para dar apariencia de legalidad a los actos ilegales que comete. Frente a eso, un Estado de derecho democrático tiene que operar en la legalidad, actuando sobre los hechos ilegales según se vayan cometiendo, desplegando sus instrumentos de forma razonable, instando, advirtiendo: combinando eficacia y prudencia. El resultado de esta dinámica es de un aparente empate. Lo que genera una intolerable inseguridad jurídica a los ciudadanos: conminados a formar parte de mesas electorales, y alertados de que hacerlo constituye delito.

 

El caso es que el Govern ha logrado dotar a su insubordinación de aparente normalidad, aunque deficitaria. Y el Gobierno logra desguazar elementos de ilegalidad, pero no desactivar su entero edificio. Así que muchos alcaldes prestan locales para el acto ilegal, pero son llamados a declarar; otros muchos que cumplen la ley reciben amenazas del Govern; la policía requisa carteles, pero no detecta las urnas (si las hay); el juez cancela la web de la Generalitat pero el Govern la clona, aunque sus dúplicas tienen alcance muy inferior; la sindicatura electoral (sucedáneo de la junta legal) es conminada a disolverse, pero solo evita reunirse en el Parlament; los anuncios proreferéndum remiten en la prensa, pero no los carteles en los autobuses. Y los mítines de campaña electoral se siguen celebrando: el activismo del president Puigdemont en ellos rompe la regla del Consejo de Europa que impone una cierta neutralidad a los gobernantes, sí, pero sobre todo constituye un órdago a la justicia para tratar de que se le reprima o detenga. Bastantes de las limitaciones del Estado de derecho derivan de los principios y valores democráticos. Solo las dictaduras (y quienes aspiran a montar un Estado autocrático, como el secesionismo) se saltan incluso sus normas. En España hay separación de poderes y tribunales independientes que se guían por los principios de legalidad y proporcionalidad.

 

El Govern ha construido un andamiaje pseudoinstitucional complejo y fraudulento: desmontarlo no es fácil —mucho menos de lo que se aseguraba desde el Gobierno—, pero no hay más remedio que hacerlo, si se quiere evitar el fin de la autonomía y la derogación de la Constitución por la vía de los hechos consumados. El empate entre ordenamiento democrático y caos es un imposible. No es estable. No es sostenible. Y sobre todo, no es aceptable. El Gobierno no debe permitir que esa legalidad paralela se siga implantando y llegue a ganar legitimidad entre los ciudadanos, confundidos a estas alturas de la crisis. Tal vez no debería haber permitido que esa legalidad surgiese en primera instancia; pero desde luego, con la lógica y debida prudencia, no debe consentir que se consolide.

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