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Domingo, 17 de septiembre de 2017

Sin ley, Cataluña pierde su identidad

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En las últimas dos semanas se ha producido el mayor ataque de la Generalitat contra la instituciones democráticas españolas: se aprobaron las llamadas leyes de desconexión, la de Transitoriedad y la de Referéndum, lo que supone renunciar a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

El Estado respondió con la Ley en la mano –ni con los tanques entrando por la Diagonal como los nacionalistas más delirantes soñaban, ni con el «estado de excepción» que traicionó el subconsciente de Pablo Iglesias–, sólo haciendo valer toda la fuerza y legitimidad del Estado de Derecho en un momento en el que nuestra democracia está siendo atacada. La actuación de la Fiscalía del Estado, del Tribunal Constitucional y del Gobierno va en una única dirección: restablecer la legalidad y obligar a la Generalitat a cumplir con sus obligaciones.

 

Nadie debe extrañarse, y quienes pongan en duda esta legitimidad no cabe duda de que aspiran a construir una sociedad sin garantías legales. Como deja claramente expresado en una entrevista el ministro de Justicia, Rafael Catalá, «todos somos iguales y tenemos las mismas obligaciones y derechos y, por lo tanto, todas las leyes y las sentencias deben cumplirse». Así de sencillo, así de rotundo. Ningún delito debe ser tolerado y ninguna sociedad puede vivir en el limbo de estar excluida de cumplir las leyes.

 

Carles Puigdemont advirtió ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del riesgo de «subestimar la fuerza del pueblo catalán». Pero dijo algo mucho más preocupante: «El Estado central puede tener muchas leyes y muchos boes, pero no tienen al pueblo de Cataluña». Ignora –o no está en la cultura política del fundamentalismo nacionalista– que sin leyes Cataluña sólo es un conjunto de tradiciones muy respetables, pura tribu incapaz de ocuparse de los problemas concretos de los ciudadanos en una sociedad moderna.

 

Cataluña no es eso. Con esos mimbres políticos no se puede ir muy lejos. Como bien recuerda Catalá, ha sido el Estado quien se ha ocupado del pago de las pensiones, de las nóminas de los funcionarios y de mantener financieramente los servicios públicos. En este punto del desafío independentista, el factor más preocupante es la irresponsabilidad de los gobernantes de la Generalitat. No hay casos parecidos en las democracias occidentales –aunque sobran en los regímenes autocráticos– en los que se haya planteado un choque abierto contra la legalidad y se hayan situado en la insumisión como hace el actual gobierno de Cataluña. Esto impide cualquier negociación sobre unas bases realistas y leales.

 

Puigdemont pide ahora negociación, pero sin cumplir la Constitución. La deslealtad de Puigdemont le impide liderar cualquier diálogo. Más pronto que tarde, será necesaria la renovación de unos dirigentes que han impuesto sus ensoñaciones políticas al conjunto de la sociedad, arrasando cualquier espacio de acuerdo y tolerancia. El próximo 2 de octubre habrá que poner encima de la mesa la urgencia de convocar elecciones autonómicas y dar un vuelco a una situación que sólo está perjudicando a la sociedad catalana.

 

No debemos caer en los enredos lingüísticos del independentismo: el Gobierno sólo puede negociar sobre aquello que está dentro de sus atribuciones –y mantener los servicios públicos lo está–, pero no sobre algo que está en contra de la Constitución, como un referéndum de autodeterminación. La reforma de la Carta Magna no aplacará a un independentismo insurgente –nunca estuvo entre sus objetivos–, por eso es necesario la renovación de la clase dirigente catalana. La aplicación del artículo 155 está en la Constitución, pero como otras medidas que pueden aplicarse con el único objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley, algo que una buena parte de la sociedad catalana está reclamando indignada por los abusos de la Generalitat. Sin Ley, Cataluña pierde toda su identidad.

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