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Sábado, 16 de septiembre de 2017

Una acertada intervención de las cuentas de la Generalitat

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EL GOBIERNO intervino ayer financieramente la comunidad autónoma de Cataluña. Se trata de una drástica medida que indica hasta dónde ha llegado el enfrentamiento de la Generalitat con el resto del Estado y la respuesta del Gobierno a ese desafío.

Es la decisión política más grave que ha tomado hasta el momento el Ejecutivo de Mariano Rajoy en ese pulso a la legalidad de los independentistas y se lleva a la práctica al aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuya disposición adicional primera faculta al Ministerio de Hacienda a tomar el control de las cuentas de la comunidad autónoma que se salte esa ley.

 

Cristóbal Montoro afirmó ayer tras el Consejo de Ministros que el Gobierno «ya no puede confiar en las autoridades de la Generalitat», tras la negativa mostrada el jueves por Oriol Junqueras a seguir comunicando semanalmente a Hacienda los gastos de la comunidad autónoma. Ayer, además, el Tribunal Supremo rechazó la petición de la Generalitat. Como decimos, se trata de una medida excepcional, pero absolutamente legal y que es legítimo que el Ejecutivo emprenda si considera que la Generalitat se salta la legislación también en este campo. Pero también hay que preguntarse si no se debería haber tomado antes.

 

Hay que recordar que el propio Montoro afirmó con toda rotundidad el 31 de agosto que «no va a haber referéndum porque no hay presupuesto». Sin embargo, sí se han producido gastos relacionados con la consulta ilegal -creación de una web, anuncios en televisión, el acto de apertura de la campaña- cuya procedencia la Generalitat no ha justificado.

 

La intervención de las cuentas no supone una reversión de las competencias de la Generalitat y, en ese sentido, la medida tomada es la que se recoge en el comentadísimo artículo 155 de la Constitución: «Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan (...) el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones». Sin nombrarlo, el Gobierno ha aplicado ya casi literalmente ese precepto constitucional; es decir, el Ejecutivo está defendiendo la legalidad que los separatistas pretenden subvertir.

 

Y en este aspecto es necesario hacer hincapié, porque la propaganda de la Generalitat está teniendo cierto éxito en presentar al independentismo como un movimiento de liberación y al Gobierno como el represor que no quiere la libertad de los catalanes, como se ha visto en recientes editoriales de Le Monde o The New York Times, que han recogido las tesis de los independentistas. El diario Financial Times publica hoy una carta de Carles Puigdemont dirigida al Rey y a Rajoy, llena de falsedades, en la que se presenta al pueblo catalán como el gran agraviado por la intransigencia del «Estado español» a negociar.

 

Puigdemont afirma que «entre Catalunya y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo», cuando ha sido la Generalitat la que ha ido tomando medidas de forma unilateral que desprecian la legislación española. Puigdemont actúa con un absoluto cinismo cuando hace «un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum». ¿Quién va a sentarse a negociar nada si el punto de partida de la conversación consiste en saltarse la ley? ¿Quién es el intransigente? El Gobierno ha dejado pasar demasiado tiempo para contrarrestar las campañas propagandísticas de la Generalitat. Aunque sus mensajes no han calado en los organismos internacionales, algunos medios sí se han hecho eco de sus patrañas. Y cuando los mensajes calan luego es muy complicada la vuelta atrás. España tiene suficiente experiencia con la leyenda negra de la colonización de América.

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