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Viernes, 15 de septiembre de 2017

El Estado deberá actuar en firme para evitar burlas como la de ayer

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La escalada de tensión entre una Generalitat en rebeldía absoluta, aliada con los más radicales partidarios de la independencia, y el Estado de Derecho va aumentando de manera preocupante a medida que se acerca el 1-O.

 Anoche, pese a que la Delegación del Gobierno en Cataluña había advertido a la gestora del Tarraco Arena que el acto de inicio de campaña programado era ilegal, la fiesta soberanista se llevó a cabo de manera impune sin que nadie, ni la Fiscalía ni el Gobierno, decidieran actuar para impedirlo, a pesar de que en él participaron Puigdemont y Junqueras. Quizá la prudencia pueda explicar que no se interviniese en un recinto donde participaron alrededor de 8.000 personas, pero tras la firme respuesta dada por el Estado hasta ahora, no se entiende que se permitiese a los que quieren destruir el Estado seguir desafiando a las instituciones y a todos los españoles. El Gobierno y la Fiscalía no pueden permitir que esta burla vuelva a repetirse. Porque no fue lo único grave que ocurrió ayer.


Desde el frente municipal, la alcaldesa de Barcelona, que pese a su calculada ambigüedad nunca ha ocultado que hará "todo lo posible" para que los barceloneses puedan votar, anunció un acuerdo con el Govern que supuestamente blindaría a los funcionarios municipales ante posibles sanciones tras la prohibición del TC. Si el miércoles cedió a la consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí (nombrada expresamente por Puigdemont para realizar esta función) el control del Consorcio de Educación de Barcelona, que gestiona 296 centros educativos, el 72% de todos los de la ciudad, ayer Ada Colau anunció otro acuerdo con la Generalitat, del que no anticipó detalles, pero que podría incluir la cesión de espacios públicos o de locales de propiedad de la Generalitat para que sean habilitados como colegios electorales.

 

Se trata de un nuevo intento de burlar la prohibición del TC y de permitir la farsa de una consulta ilegal para debilitar el Estado, provocar un choque institucional y eludir sus posibles responsabilidades penales. El secretario del Ayuntamiento, no obstante, ya ha advertido a la alcaldesa sobre los riesgos que suponen para ella y para los trabajadores municipales la cesión de locales de propiedad pública. Con rapidez y acierto, la Fiscalía ya ha requerido a la Guardia Urbana de Barcelona que investigue todos los actos preparativos de la consulta y los centralice en una Unidad.

 

Desde el otro frente, el autonómico, en un nuevo gesto de arrogancia y desafío, Junqueras comunicó al Ministerio de Hacienda que no rendirá cuentas del gasto semanal al Fondo de Liquidación Autonómico (FLA) encargado de verificar que la Generalitat no dedique un solo euro de todos los españoles a la organización del referéndum ilegal. Ante esta nueva provocación, el Gobierno debe tomar medidas drásticas en el Consejo de Ministros de hoy para cortar el flujo de liquidez a la comunidad autónoma y hacerse cargo del pago a los proveedores, partidas para las que está diseñada la financiación a través del FLA.

 

El Gobierno debe actuar con celeridad para evitar que ese dinero se utilice en acciones ilegales (algo que debería haber hecho hace tiempo) a la vez que queden garantizados los servicios públicos y los catalanes no paguen la irresponsabilidad de sus dirigentes. Pero la tensión está llegando también a otros sectores sociales. Si anteayer las dos principales instituciones de representación empresarial de España, Cepyme y CEOE, emitieron sendos comunicados cerrando filas con la respuesta del Estado al desafío independentista, ayer el presidente de esta última, Juan Rosell, se desmarcó con unas declaraciones que, con razón, han causado malestar entre los dirigentes de la patronal. En una entrevista en la Cadena Ser, Rosell instó a buscar una solución "intermedia" entre la "independencia" y "la sumisión total", insinuando que la ciudadanía de Cataluña está sometida, como si de una dictadura se tratase, a la voluntad del Gobierno. No se entiende una salida de tono tan extravagante e inoportuna.

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