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Jueves, 14 de septiembre de 2017

El separatismo ya contempla un horizonte de detenciones

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El Ministerio Público está asumiendo el peso de la respuesta del Estado a la flagrante desobediencia de los separatistas. No podrán alegar luego, como hizo Artur Mas ante el tribunal que lo juzgaba, que desconocían el precio de su contumacia por la ambigüedad o imprecisión de la advertencia. Lo conocen, han sido apercibidos con lujo de detalles políticos, penales y económicos, y aun así han decidido seguir adelante. Deberán por tanto afrontar las consecuencias de sus actos.

Una de ellas incluye ya la posibilidad de ser detenido por los Mossos d'Esquadra, a los que el escrito de la Fiscalía General del Estado -firmado por el propio José Manuel Maza- ordena "incoar diligencias de investigación en relación con cada uno de los Ayuntamientos" cuyos alcaldes han manifestado su disposición a colaborar con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Todos ellos han sido imputados y a todos ellos se les tomará declaración. Y si alguno de los regidores se niega a comparecer, el documento prevé que sea detenido "en el plazo más breve posible". Hay 712 localidades adheridas al 1-O, según el listado de la Asociación de Municipios por la Independencia. Maza dispone que sea en las sedes de las cuatro fiscalías provinciales (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona) donde se cite a declarar a los alcaldes díscolos por orden demográfico: los municipios más poblados tendrán "preferencia". A juzgar por la insumisión anunciada por Anna Gabriel, los 16 alcaldes de la CUP deberían contarse entre los primeros en ser detenidos. Si la ley es implacable con los que se equivocan dentro del sistema, con más razón ha de serlo con quienes se sitúan fuera de él. O abiertamente en contra.

 

Los agentes de la policía judicial, que en Cataluña son los Mossos, han de cumplir con su deber, si es preciso haciendo uso del legítimo monopolio de la fuerza. Y las instrucciones para impedir cualquier maniobra orientada a la celebración del 1-O no solo conciernen a los Mossos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, sino que se han extendido a los policías municipales de cada pueblo de Cataluña, que encuentran así el amparo expreso de la Justicia a sus hipotéticas -y quizá difíciles- actuaciones.

 

Es lamentable que en la defensa de la legalidad democrática no acompañen a la Fiscalía seis partidos (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu) que ayer exigieron la comparecencia de Maza... por hacer su trabajo.

 

En el otro extremo figura el Jefe del Estado. Así como su padre debió hacer frente al 23-F para asegurar el futuro de la monarquía constitucional, Felipe VI es bien consciente de que el desafío separatista marcará su reinado. El Rey comparecía para entregar los Premios Nacionales de Cultura, pero no solo no esquivó el asunto que más le preocupa -se advirtió ayer en la seriedad de su gesto-, sino que lo colocó al principio mismo de su discurso. "Ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados; de que las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas". La excepcionalidad de la crisis catalana obliga a Felipe VI a manifestarse con mayor contundencia. Él mismo experimentó en persona la fractura social que el separatismo ha causado en Cataluña cuando acudió a la manifestación en repulsa de los atentados yihadistas de agosto. En aquella ominosa ocasión, los independentistas secuestraron el espacio público y adulteraron una muestra de duelo con su obsesión banderiza. El Rey mantuvo la dignidad entonces con su actitud como la mantiene ahora con sus palabras, que reivindican la Constitución de 1978 como base de la convivencia y garantía de nuestra pertenencia a Europa.

 

Por último, también los empresarios representados por la patronal se han sumado al respaldo de "todas las acciones que se consideren necesarias" para asegurar el orden legal en Cataluña. La CEOE conoce el coste concreto en términos de prosperidad que tiene el aventurerismo político, y aunque en ocasiones se le ha reprochado la tardanza en alzar la voz, la posición adoptada en este momento crucial por Juan Rosell -catalán, por más señas- no deja lugar al cálculo. El impacto empresarial de la inseguridad jurídica propagada por el separatismo solo es otra de las razones para oponerse con firmeza a él. La principal sigue siendo la salvaguarda de la libertad e igualdad de los españoles en todo el territorio nacional.

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