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Miércoles, 13 de septiembre de 2017
las penas pueden ser de hasta 8 años de cárcel

La Fiscalía ordena detener a los alcaldes que colaboren con el referéndum

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La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona que abran diligencias de investigación --de carácter pre-procesal-- respecto de una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum de independencia del próximo 1 de octubre.

[Img #63653]En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que indica que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población.

 

El oficio de 5 páginas firmado hoy mismo por Maza se refiere concretamente a la relación de municipios que apareció publicada en la web de la Asociación de Municipios por la Independencia y al hecho de que, paralelamente, el Govern continúe con los preparativos del "referéndum ilegal". En este punto cita la carta firmada por el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, "querellados por estos hechos en otro procedimiento ante el Tribunal de Justicia de Cataluña.

 

DECLARARÁN COMO INVESTIGADOS

 

Maza ordena a los fiscales territoriales incoar diligencias de investigación en relación con cada uno de los ayuntamientos que aparecen en dicho listado y que se cite al alcalde por medio de la Policía Judicial "para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado y asistido de letrado".

 

En el caso de que el alcalde citado no comparezca, la orden señala que los fiscales deberán "acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible".

 

Para Maza, la notoriedad de la prohibición de "los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación" hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de "al menos" los delitos de desobediencia y prevaricación "en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico", ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.

 

Este último, según advierte Maza en su escrito está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años "en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas".

 

POSPONEN LA CITACIÓN DE ALCALDES QUE SON AFORADOS

 

La Fiscalía ha decidido posponer la citación de los alcaldes catalanes que apoyan el referéndum independentista del 1 de octubre y que tienen la condición de aforados por contar con un escaño en el Congreso o en el Parlament.

 

El Ministerio Público quiere tomar declaración a los regidores municipales, en su mayoría de PDeCAT, ERC y la CUP, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos

 

En la instrucción, el fiscal general del Estado, José Manuel de la Mesa, precisaba que las diligencias abiertas darían preferencia a los municipios de mayor población, pero no hacía ninguna referencia a los aforados.

 

Fuentes del Ministerio Público han confirmado que en este momento se está estudiando la situación de los que gozan de fuero por su condición de parlamentarios y que finalmente se ha decidido que éstos sean citados los últimos.

 

Uno de los afectados es el diputado del PDeCAT en el Congreso y alcalde de Tortosa (Tarragona), Ferrán Bel, quien inicialmente debía ser uno de los primeros contra los que se iniciarían diligencias, puesto que su municipio es uno de los más poblados de su provincia. Sin embargo, su citación se retrasará, al igual que la de la quincena de primeros ediles que son a la vez diputados del Parlament.

 

En una rueda de prensa en el Congreso, Bel ha comentado que supone que la Fiscalía habrá tenido en cuenta su condición de aforado, si bien ha aducido que no tiene datos al respecto puesto que se ha enterado por la prensa de la instrucción de Maza.

 

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL REQUIERE SUPLICATORIO

 

Los aforados no pueden ser investigados judicialmente sin que la Cámara en la que tienen escaño autorice esa investigación que, correspondería, en el caso de los diputados nacionales al Tribunal Supremo y en el de los autonómicos al Tribunal Superior de Justicia.

 

El diputado de PDeCAT no ha querido aclarar si tiene intención de comparecer ante el fiscal y ha apostado por una decisión unitaria de los 712 alcaldes a los que la Fiscalía quiere tomar declaración como imputados.

 

Eso sí, Bel ha dejado claro que no está en su ánimo "forzar ninguna situación" para poner en un brete ni a los Mossos ni a la Policía Local de su municipio, de la que, como alcalde, es el máximo responsable. "No voy a caer en la trampa de los que pretenden que esto genere problemas a los trabajadores públicos", ha afirmado.

 

LOS ALCALDES DE LA CUP NO COMPARECERÁN

 

Por otra parte, la CUP ha anunciado que la treintena de alcaldes de la formación "no comparecerán" ante las citaciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los primeros ediles que han firmado los decretos de apoyo al referéndum convocado para el 1 de octubre.

 

La formación ha emplazado al resto de fuerzas políticas a "hacer lo mismo" al amparo de la Ley del referéndum, ha informado en un comunicado.

 

La CUP como tal gobierna en 28 ayuntamientos y, en otros dos -- el de Sabadell y Badalona--, forma parte de la coalición que lidera los consistorios: Crida per Sabadell y Guanyem Badalona en Comú.

 

Ha reprochado que la Fiscalía General del Estado, "limitada por su estatuto", no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación, y que si las ordenase sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad.

 

Ha afeado la "actuación demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del Estado español" ordenando unos arrestos que, según la CUP, tienen un único objetivo de atemorizar la población y los cargos electorales.

 

La CUP ha asegurado que se responderá conjuntamente ante la "estrategia represora" del Estado para hacer valer lo que consideran el mandato popular mayoritario amparado en el derecho de los pueblos a su autodeterminación.

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